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La Iglesia Católica confirmó ayer que se llevó a la niña de 11 años, que está embarazada por la agresión sexual de su abuelastro, a un centro especializado de la capital cruceña, donde continuará la gestación hasta el nacimiento del bebé que lleva en su vientre. Ayer por la tarde fue dada de alta de la maternidad Percy Boland, luego de una revisión médica.

El delegado Episcopal de la Pastoral de la Salud en la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Iglesia Católica, Víctor Hugo Valda, afirmó al periódico cruceño El Deber que la niña vivirá en el hogar sola, sin la asistencia de un familiar, pero en compañía de personal de apoyo y de otras menores que también se encuentran internadas.

Se informó que la Iglesia no asistirá de manera jurídica a la menor, ya que ésta, según el Delegado Episcopal, es una potestad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Valda explicó que la Iglesia Católica hará un seguimiento a la niña para que el proceso de gestación sea normal y recibirá apoyo psicológico y médico, además de alimentación y vivienda para que pueda llevar una vida normal.

En ese marco, activistas rechazaron la intervención de la Iglesia Católica en el caso de la niña que conmocionó a la sociedad boliviana.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem-Bolivia) y el colectivo Campaña 28 de Septiembre coincidieron, por separado, en calificar como una tortura el obligar a una niña de 11 años a continuar con un proceso de gestación producto de un abuso sexual.

Cladem, mediante un comunicado, condenó la intromisión de grupos “fundamentalistas y de la Iglesia Católica” por influir en la madre y la niña.

Por su parte, Lupe Pérez, activista de la Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre, señaló que su colectivo expresó su repudio absoluto a la jerarquía de la Iglesia Católica.

“Pone en un mecanismo de tortura y de trato cruel e inhumano a una niña que ha sido violada y maltratada en el seno familiar”, aseveró Pérez.

De la misma forma lamentó la intromisión de grupos fundamentalistas y de la Iglesia Católica, que ingresaron de manera clandestina al Hospital de la Mujer Percy Boland, de Santa Cruz de la Sierra, para amedrentar y amenazar a la madre y obligar a la niña a firmar el desistimiento para efectuarse la interrupción legal de su embarazo producto de una violación.

Cladem hizo hincapié en los hechos forzados que constituyen una tortura, porque no se puede obligar a una niña de 11 años a continuar con un embarazo que pone en riesgo su salud y su vida.

En el Artículo 266 del Código Penal y la Sentencia Constitucional 206/2014 se establece que el aborto es impune cuando el embarazo es producto del delito de violación. El procedimiento técnico de dicha sentencia obliga al sistema de salud a garantizar en 24 horas la interrupción legal de un embarazo no deseado.

El Comité sostuvo que Bolivia se constituye en un Estado laico, por lo que las iglesias no pueden interferir en el cumplimiento de la normativa vigente que debe proteger los derechos de las niñas y, en este caso, debe garantizar el acceso a un aborto seguro y gratuito.

Exigió la persecución penal del agresor sexual para sancionarlo con 25 años de prisión.

Por su parte, Pérez manifestó que desde el colectivo Campaña 28 de Septiembre se apela a todos los recursos legales para que los que han intervenido violentando los derechos de la niña a ser feliz, a vivir su infancia, a ser cuidada y ser protegida, que es lo que corresponde como sociedad, respondan ante la ley por la violación de los derechos de la niña.

“Repudiamos la injerencia de una institución privada como la Iglesia Católica en un asunto que tiene que ver con la Constitución Política del Estado, violentando los artículos 66 y 266 del Código Penal, violentando la condición laica del Estado”, refutó.

Pérez lamentó el bochorno de la Iglesia Católica por su doble moral, ya que ha sostenido a curas pederastas a lo largo de su historia, además de políticas machistas y misóginas; por eso, señaló que sus miembros creen que pueden actuar impunemente.

“Han utilizado a la niña como un botín de guerra para imponer sus ideas y lo rechazamos contundentemente. Estamos en la búsqueda de justicia y la vamos a encontrar porque no vamos a permitir que en un hospital público se maltrate a la niña, donde se debe cuidar su salud integral”.

En ese mismo sentido, la secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, señaló que se estaría revictimizando a la afectada, ya que no tendría que haber dado información ni detalles de todo el drama que viven la niña y su familia desde la Defensoría de la Niñez y del hospital donde la atendieron.

“Hubo varios incumplimientos al haber difundido, con una serie de detalles,  la etapa gestacionaria, gravísima falla de la Defensoría de Yapacaní”, aseguró Bayá en el programa Entre Líneas, de Radio Compañera.

IGLESIA

La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, en un comunicado público emitido ayer, exhortó a las autoridades públicas a respetar y proteger el derecho a la vida y a la salud de la niña víctima de violación y del bebé que está en gestación, ya que ambas vidas merecen y deben ser protegidas.

“Afirmamos que tanto los derechos de la niña como los del bebé, que crece en su vientre, deben protegerse ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal, que tiene una gravísima responsabilidad por la que se debe responder”, señala el comunicado.

La Iglesia boliviana afirmó que siendo que la niña y su mamá deciden continuar con el embarazo resguardando la salud de la niña y del bebé, se debe buscar posibles soluciones, como la adopción, dado que previsiblemente la niña todavía no cuenta con la madurez necesaria para asumir el cuidado y la atención del bebé.

En ese marco, Óscar Mario Justiniano, exdirector de la maternidad Percy Boland y médico especialista, dijo ayer que el embarazo de la niña de 11 años es de alto riesgo porque su cuerpo no está preparado para llevar un embarazo como si se tratara de una persona adulta. 

“Ella va a tener que estar monitorizada permanentemente hasta el final por estar en alto riesgo (…) Su estructura ósea no está preparada para tener un embarazo, su pelvis no está acondicionada para ello”, explicó a varios medios locales.

El delegado Episcopal de Salud, Víctor Hugo Valda, ratificó que la niña de 11 años que quedó embarazada tras ser víctima de violación en Yapacaní fue dada de alta de la maternidad Percy Boland y la familia reiteró que continuará con el proceso de gestación, según el portal Detrás de la Verdad Sin Censura.

Al respecto, el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, señaló que la interrupción de ese embarazo no necesita mayor consulta ni razonamiento religioso.

“El sistema de justicia debe dar ya la respuesta. Nuestra plena solidaridad con ella”, expresó Chávez en su cuenta de Twitter.

En la misma red social, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, condenó que algunas instituciones pretendan impedir la interrupción del embarazo de la niña y obligarla a que sea madre.

“Desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto”, escribió el ministro en sus redes sociales.

Explicó que al obligar a que esa niña continúe con el embarazo, producto de una violación, se están vulnerando todos sus derechos.

“Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo, bajo criterios aleccionadores y morales; esto es un acto flagrante de violación a los derechos de esta niña”, se lee en la publicación de la autoridad.

El fin de semana se dio a conocer que una niña de 11 años fue víctima de violación en reiteradas oportunidades por parte de su abuelastro, un sujeto de 61 años, en el municipio de Yapacaní, del departamento de Santa Cruz. El sujeto fue aprehendido.

Según los reportes preliminares, la niña estaba iniciando un tratamiento para interrumpir el embarazo, pero fue abordada por integrantes de la Iglesia Católica y otras organizaciones que le instaron a que continúe con la gestación, pese al riesgo que corre su vida.

COMISIÓN DEL LEGISLATIVO PIDE 30 AÑOS DE CÁRCEL PARA VIOLADOR

Asambleístas que conforman la Comisión Mixta Especial de Feminicidios en la Asamblea Legislativa Plurinacional exigirían al Ministerio Público la pena máxima 30 años, sin derecho a indulto, para el abuelastro que abusó sexualmente a la niña de 11 años, quien está embarazada de 21 semanas y seis días.

Además, se remitió un informe escrito a esa instancia judicial para que brinde una explicación detallada sobre el proceso investigativo, según informó la presidenta de la Comisión Mixta de Feminicidios de la Asamblea, diputada Estefanía Morales.

“La Defensoría de la Niñez se encuentra evaluando si el conducto viable será la interrupción del embarazo porque tenemos entendido de que la familia de la víctima quiere que el bebé nazca, pero más allá de esa decisión lo que se quiere es evitar los tipos de violencia y que sea rechazado por la madre por ser producto de una violación”, explicó la diputada.

En torno al pronunciamiento de la Iglesia Católica, Morales dijo que el Código Niño, Niña y Adolescente es muy claro y en eso debe basarse la justicia.

La Iglesia apuntó por medio de un comunicado que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas”, por lo que ofrecen “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo postmaternidad”.

La vejación sexual se dio en el barrio Oriental del área urbana de Yapacaní, Santa Cruz, donde la víctima y su hermana de 15 años de edad vivían temporalmente, mientras su madre y padrastro trabajaban en La Paz como cocinera y albañil.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ELEVARÁ UNA QUEJA AL PAPA FRANCISCO

La Defensoría del Pueblo anunció que pondrá en conocimiento del Sumo Pontífice el caso de la niña al considerar la intromisión de la Iglesia Católica.

“La actuación de la Iglesia (Católica) con la niña creo que es un acto delincuencial y pondremos en conocimiento esta situación ante el pontífice. El rol de la Iglesia es otro”, aseveró la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en contacto con El Deber.

También se analiza la posibilidad de presentar una cautelar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque considera que “existe un delito de tortura en contra de la menor”, que inicialmente dijo que no quería tener al bebé.

La Defensora cuestionó que la Iglesia Católica, la familia y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Santa Cruz permitan que la niña de 11 años, quien está embarazada a consecuencia de una violación, pueda ser madre. Aseveró que esa actitud puede ser considerada como un caso de tortura hacia la menor de edad.

“El que una niña de 11 años se sienta responsable en este momento para ser madre o para asumir una maternidad, después de todo lo que ha pasado, es una situación de vulnerabilidad. (…) Esta permisibilidad para que una niña violada sea madre evidentemente se lo puede considerar como un caso de tortura”, aseveró Cruz en contacto con Bolivia TV.

Reprochó que representantes de la iglesia ingresaran en pasados días al centro de salud donde estaba la niña para ejercer presión sobre la decisión, cuando la víctima había iniciado por decisión propia un tratamiento con medicamentos para interrumpir su embarazo.

Detalló que, tras la última valoración psicológica, la niña se encuentra indecisa y afectada por la presión de la iglesia.// Ahora El Pueblo