Image La Policía realiza control en Migración.

La Paz, 18 de abril de 2013 (BTV).- La Directiva de la Cámara de Diputados remitió el jueves al Órgano Ejecutivo la Ley Nº 208 para su promulgación, en el curso de los siguientes días por el presidente del Estado Evo Morales Ayma, tras su sanción con más de dos tercios de voto.

La norma tiene el objetivo de regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y establecer los espacios institucionales de coordinación que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras.

“El proyecto de Ley ha sido modificado en el Senado y la Comisión está de acuerdo con las modificaciones, porque se han subsanado las necesidades que son para el beneficio de todos los migrantes que ingresan y salen de Bolivia”, manifestó la presidenta de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, Flora Largo.

La legisladora aclaró que en la formulación de la normativa sancionada, participaron activamente, integrantes de la Organización Internacional del Migrante, las organizaciones de mujeres, residentes bolivianos en otros países (Chile, Argentina, España y otros), ministerios y organizaciones de la sociedad civil.

Los beneficios de esta Ley alcanzan a las personas migrantes extranjeras que se encuentren en el territorio nacional y a las bolivianas y los bolivianos en el exterior. Sin embargo, no es aplicable a los representantes y funcionarios de gobiernos extranjeros y organismos internacionales o intergubernamentales con sede en Bolivia, así como los miembros de misiones diplomáticas permanentes o especiales  que ingresen y permanezcan en el país.

Establece que Bolivia suscribirá convenios con los estados en los que residen migrantes bolivianas y bolivianos, a efectos de garantizarles la igualdad de trato, según la disposición legal.

En ese marco, la norma faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Misiones Diplomáticas y Consulares, promover el respeto y protección de los derechos fundamentales de las y los bolivianos en el exterior. Además, de presentar ante las autoridades del país donde se encuentren, las acciones pertinentes para garantizar el respeto de los derechos e intereses de las personas naturales y/o jurídicas cuando corresponda.

El proyecto de Ley atribuye al Ministerio de Gobierno, la formulación, dirección y aprobación de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias nacionales migratorias.

Se instituye también el Consejo Nacional de Migración, que es la instancia de coordinación, cooperación, comunicación e información de las políticas y actuaciones migratorias, formado por las Ministras o los Ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores, Trabajo y Empleo, Previsión Social, entre otros Ministerios cuando se requiera convocarlos para temas de sus respectivas competencias.

Del mismo modo, se establece la creación de la Dirección General de Migración, que es un órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio de Gobierno, con una estructura propia y jurisdicción nacional.

Las personas migrantes extranjeras gozarán en igualdad de condiciones que las nacionales, de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los Instrumentos Internacionales de los cuales el Estado Boliviano sea parte.

Tienen derecho a la protección administrativa, judicial, debido proceso a las garantías previstas en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico. Además, están sujetos al cumplimiento de deberes.

Las organizaciones de defensa de los inmigrantes, constituidas legalmente en el Estado Plurinacional de Bolivia y registradas en la Dirección General de Migración, estarán legitimadas para intervenir en los procedimientos administrativos y judiciales, en resguardo de sus derechos, según precisa la normativa.

Además, de la Constitución Política del Estado, la Ley tiene como bases legales, los decretos que rigen actualmente el régimen migratorio en el país, la Ley de Protección a Personas Refugiadas, la Ley de Trata y Tráfico de Personas, y las declaraciones universales de Derechos Humanos y los tratados a nivel internacional que Bolivia ha ratificado, según la diputada.

Lcr