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La Defensoría del Pueblo mediante Resolución Defensorial solicitó el miércoles al Concejo Municipal de La Paz iniciar acciones para determinar posibles responsabilidades por la falta de información oportuna a la población sobre la situación de riesgo en la que se encontraban los sectores afectados, y por la falta de fiscalización, omisiones y acciones, por parte de autoridades y funcionarios municipales, para impedir nuevos asentamientos humanos legales e ilegales en esas zonas desde 1985.

Luego de investigar el deslizamiento del pasado 30 de abril que afectó a los barrios Inmaculada Concepción, Kantutani y San Jorge, “Se evidencia la vulneración del derecho al acceso a la información de la población toda vez que recién al mediodía del 30 de abril personal edil informó del peligro y la necesidad de abandonar la zona, extremo que determinó que una gran parte de las personas pierda no sólo sus bienes, también animales, mascotas y en los casos más extremos, que tres personas presuntamente hayan perdido la vida, lo cual se pudo haber evitado si el personal municipal cumplía su obligación de informar”, indica la nota de prensa de la Defensoría. 

Recomienda al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar responsabilidad penal en el presunto fallecimiento de tres personas como resultado del desastre ocurrido, por la falta de información requerida el día del deslizamiento por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y por la afectación de los bienes de varias familias.

Mediante la Resolución se “pide al Concejo iniciar las acciones legales, administrativas o disciplinarias en contra del alcalde Luis Revilla, por la falta de colaboración y respuesta a la Defensoría del Pueblo”, que solicitó información, relacionada al deslizamiento en fecha el 7 de mayo sin obtener respuesta alguna, a pesar de haber realizado un periódico seguimiento a dicha solicitud.

Según la investigación de la Defensoría, el Gobierno Municipal de La Paz, “desde al menos 1985 tenía conocimiento de que el área afectada no era adecuada para la edificación de viviendas”, sin embargo, no efectuó acciones para evitar la urbanización en el lugar. 

“Esta falta de información también incidió en que no se ejecute una evacuación ordenada y a tiempo”, indica el documento con base en testimonios de los damnificados.

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