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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia reconoció los avances en materia de derechos humanos, económicos, culturales, laborales y otros logrados por el país en los últimos años. 

“El Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas, institucionales y de política adoptadas por el Estado parte para mejorar la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, a las que se hace referencia en las presentes observaciones finales”, dice el informe. 

“El Comité celebra la creación del Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística de las recomendaciones sobre Derechos Humanos en Bolivia (SIPLUS), la adopción de la Constitución Política del Estado (2009), que incorpora explícitamente los derechos reconocidos en el Pacto, así como la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto en 2012”, se lee en el reporte de Naciones Unidas.

El 70° período de sesiones del Comité realizado entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de 2021 en Ginebra, incluyó en su agenda el examen de los siguientes Estados Partes: Azerbaiyán, Bahrein, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Kuwait y Nicaragua.

En ese sentido, el Comité acogió con satisfacción la presentación del tercer informe periódico del Estado y la información complementaria proporcionada a partir del “diálogo constructivo y sincero mantenido con la delegación interministerial de Bolivia”. 

El Comité anunció que valora “la significativa reducción de la pobreza y la mejora de varios indicadores sociales en los años del reporte (2009-2018)” y señaló que toma nota del  “aumento de los ingresos fiscales y el importante crecimiento económico en los años del reporte, el incremento del gasto social y la notable reducción de la desigualdad desde el último informe”. 

En ese punto, recomendó al Estado parte, trabajar en un sistema tributario progresivo a fin de reducir la desigualdad y garantizar mayores recursos para un mayor disfrute de los derechos consagrados en el Pacto.

Respecto a la justicia, se destaca la predisposición del Estado de establecer mecanismos en búsqueda de justicia por las masacres de 2019.

“El Comité valora positivamente la declaración de la delegación de que el Estado parte seguirá las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), creado mediante Acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, en especial las relativas a la independencia judicial. 

En el informe el organismo internacional también se reconoció los avances del Estado Plurinacional de Bolivia durante los últimos años en torno a políticas dirigidas a la despatriarcalización, la lucha contra el analfabetismo y la deserción escolar y subrayó el impacto en la educación tras las medidas asumidas el año 2020, entre ellas, la suspensión de clases presenciales.

En materia del acceso universal a la salud, Naciones Unidas destacó la creación del Sistema Único de Salud (SUS) para poblaciones en situación de vulnerabilidad, la reducción de la tasa de mortalidad materna y la reducción de la desnutrición crónica.

Por otro lado, remarcó como favorable la despenalización de las huelgas y la protección al fuero sindical, los derechos de las trabajadoras del hogar, la reducción del desempleo y las políticas de protección en torno al trabajo infantil.

El Comité observó con satisfacción que la cobertura de acceso a una fuente mejorada de agua y a instalaciones mejoradas de saneamiento aumentó de manera significativa.

También reconoció la creación de los gobiernos autónomos en sus diferentes niveles, particularmente el de autonomías indígenas; la creación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra (2010) y las políticas a favor de los derechos lingüísticos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

“El Comité acoge con satisfacción el amplio marco normativo a favor de los derechos lingüísticos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como la Ley Nº 269 (2012)”.

En ese marco, el Comité valoró las medidas destinadas a “acelerar la formación de las autoridades y funcionarios públicos, especialmente operadores de justicia, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas”.

Al respecto se refirió a los avances contra los delitos de racismo y discriminación. “El Comité destaca los avances, como la Ley N° 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (2010) y el Plan Multisectorial del Estado Plurinacional de Bolivia contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 2016-2020”, pero expresó su preocupación por una serie de manifestaciones de discriminación ocurridas contra los pueblos indígenas y recomendó implementar una política integral que valore la diversidad y la pluralidad y rechace toda forma de discriminación, además de trabajar una ley sobre crímenes de odio contra la población LGBTI. // Ministerio de Justicia