Image Hotel Las Américas, lugar donde presuntamente se capturó a un grupo terrorista (Foto: Internet)

Gary Prado, el abogado que defendió a los involucrados en los casos denominados terrorismo I y II, habló con Bolivia Tv sobre las irregularidades de los procesos llevados a cabo durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) hasta la disposición de retirar las acusaciones por parte del actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo. “Más de 52 ciudadanos cruceños y benianos fueron perseguidos ilegal e injustamente por la tiranía de Evo Morales durante una década”.

Prado manifestó que se estuvo aguardando desde enero de este año tras la disposición de la presidenta Constitucional, Jeanine Áñez, para el cierre de ambos casos. “Afortunadamente (el Ministerio Público) retiró las acusaciones (…) y estamos con la libertad de las personas totalmente recuperadas y con su estado de inocencia que es lo más importante”. No obstante, dos de los procesados, según información de los imputados, perdieron la vida en el transcurso de los diez años.

El Ministerio Público de ese entonces (2009) no habría realizado las investigaciones pertinentes pues “ninguno de los procesados que fueron ejecutados en el Hotel Las Américas puede ser vinculado a ese atentado”, indicó Prado. A su vez, añadió que todas las solicitudes de cesación para la detención preventiva fueron negadas, las leyes para no ceder ante las solicitudes modificadas y se ampliaron ilegalmente los plazos de los procesos.

En cuanto a las investigaciones para el caso de terrorismo II, se llevaron a cabo durante cinco años “lo cual es un absurdo jurídico”, según el abogado. Uno de los tres asesinados en el asalto del Hotel Las Américas (Eduardo Rózsa Flores) fue en palabra de Prado “lo más probable, traído por el gobierno para que sea agente provocador”.

Finalmente, el jurista mencionó al testigo falso de los casos de terrorismo, Ignacio Villa Vargas “El Viejo” ofrecido por el Ministerio de Gobierno ante el Ministerio Público que posteriormente se evidenció un video en el que se escuchaba cómo recibía 31.500 dólares para que escape a Argentina y así en el caso no se tenga cómo corroborar sus testimonios. “Todo fue armado, concluyó el abogado.

Por otro lado, Prado también habló sobre la denuncia que presentó contra los exministros Hugo Moldiz, Jorge Pérez y Carlos Romero por la “manipulación ilegal del Tribunal de Juicio Oral con recursos que de manera ilícita se manejaban en el Ministerio de Gobierno para pagarles pasajes y viáticos a las jueces que conformaban el Tribunal que durante siete años fueron desde La Paz a Tarija y Santa Cruz”.
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