Image Ministro de Economía, José Luis Parada (Foto: Ministerio de Economía)

El ministro de Economía, José Luis Parada, denunció el lunes que en 11 años, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el ahora candidato a la presidencia Luis Arce, confiscó alrededor de $us 3.000 millones a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) del país, con el objetivo de reducir su déficit fiscal y tapar el "despilfarro" de recursos que se hacía desde la administración pública.

De acuerdo a Parada, la Ley 1307, que acaba de promulgar la presidenta Constitucional, Jeanine Áñez, permitirá devolver a las regiones y universidades, parte de esos recursos que debían ser para salud y educación, y que ahora podrán ser invertidos en la lucha contra el COVID-19.

En diciembre de 2015, el gobierno del MAS promulgó la Ley 767 que permitía confiscar a las regiones y universidades el 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), bajo el argumento de promocionar la exploración y explotación de los hidrocarburos.

En ese contexto, Parada explicó que hasta el momento, ese dinero confiscado no fue utilizado y se encuentra en una cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB), lo que evidencia que la Ley 767 solo fue una medida aprobada políticamente por el MAS para dejar sin dinero a los gobiernos subnacionales.

Ahora, con la Ley 1307, se autoriza de forma "temporal" el traspaso de hasta $us 200 millones en favor de gobernaciones, municipios y universidades, en un plazo de 15 días. Estos recursos serán reasignados hasta el 31 de diciembre de 2020.

No obstante, el ministro de Economía dijo que esa confiscación no fue la única que promovió el MAS cuando fue gobierno, sino que desde el 2008 se retiraron de forma discrecional recursos de las ETAs por un monto acumulado de $us 3.000 millones.

Para el ministro de Economía, el MAS utilizó en el pasado a su mayoría parlamentaria para dejar sin recursos a las regiones y, en la actualidad, replica el mismo mecanismo para desestabilizar la economía, al no aprobar los créditos que se gestionaron de organismos internacionales  "con mucho esfuerzo", con el objetivo fortalecer la lucha contra el COVID-19 en el país.     
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