Image (Foto: @theCCR)

El juez estadounidense James Cohn decidió denegar la moción presentada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y su exministro Carlos Sánchez Berzaín dentro del proceso civil seguido en Estados Unidos por un grupo de víctimas de la masacre de 2003 que piden ser indemnizados. 

El juez estadounidense  y un jurado federal  de corte civil en Fort Lauderdale ratificaron  el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes y las víctimas de los hechos de violencia.

Históricamente el 2018, Sánchez de Lozada  fue  el primer expresidente latinoamericano en ir a juicio y ser declarado responsable, en Estados Unidos, por abusos de derechos humanos. La defensa boliviana marcaba un triunfo  apoyándose en  la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las dos únicas leyes de ámbito internacional  en Estados Unidos que autorizan que se lleven a cabo  juicios en tribunales federales por delitos cometidos fuera de ese país que da asilo político a la mayoría de ex mandatarios investigados por lesa humanidad.

El abogado Thomas Becker, encargado  del juicio contra las ex autoridades manifestó en su cuenta de Twitter que los bolivianos una vez marcaban historia y construían camino para luchar contra todo crimen que violen los derechos humanos.

“La decisión de hoy envía un mensaje importante: que los gobernantes que cometan abusos de derechos humanos tendrán que rendir cuentas”, sostuvo Becker, quien también es abogado de la Red Universitaria para los Derechos Humanos. “Esta es una victoria, no solo para los familiares, sino para todos los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos”, aseguró.

Fueron ocho demandantes de casos emblemáticos de la masacre de Octubre de 2003 y que son conocidos por la sociedad boliviana quienes se sentaron frente al tribunal estadounidense  y lucharon por justicia para sus familiares.

“Esta noticia me trae tanta felicidad. Mantuvimos la esperanza durante tantos años a pesar de tantos obstáculos para la justicia. Finalmente, aquellos que cometieron estos crímenes atroces rendirán cuentas”, dijo Hernán Apaza. El señor Apaza perdió a su hermana Roxana Apaza Cutipa, de 19 años de edad, el 12 de octubre de 2003, cuando recibió un disparo en la cabeza luego de asomarse a la terraza de su casa.

En ese sentido,  el Centro Constitucional de los Estados Unidos encargado de proteger y garantizar los derechos plasmados en la constitución y de la declaración universal de los derechos humanos cooperó con las víctimas de la masacre. 

“Nos complace enormemente que nuestros demandantes, que han trabajado tan duro durante tantos años, hayan obtenido esta importante Victoria”, dijo Beth Stephens abogada  cooperante del Centro de Derechos Constitucionales.

La Institución es la más destacada y reconocida en apoyar jurídicamente a comunidades amenazadas para luchar por la justicia y la liberación a través de litigios, defensa y comunicaciones estratégicas.

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