Son 117
redes y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que rechazaron
la propuesta modificatoria a la Ley 348, presentada por la senadora Patricia
Arce, y advirtieron que ello representaría un retroceso, porque plantea
eliminar la protección a las denunciantes.
“Nosotras rechazamos las
modificaciones regresivas a la Ley 348 y exigimos una reforma integral de la
justicia”, dijo la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.
Explicó que el pasado 17
de abril, la senadora Patricia Arce, afín a Evo Morales, presentó un proyecto
de ley que plantea modificar el artículo 94 de la Ley Integral para Garantizar
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
“Esta iniciativa
representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia
al acceso a la justicia (…). Lejos de responder al problema que plantea,
elimina la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por
parte del sistema de justicia”, explicó Sánchez en conferencia de prensa.
Ante esta situación,
remarcó que la “no revictimización” es una obligación del Estado que busca,
principalmente, evitar el maltrato y someter a la mujer a procedimientos
reiterados.
“El citado proyecto de
ley condiciona la toma de declaraciones a un plazo que no considera la
situación de afectación de las víctimas de violencia sexual, ni aun tratándose
de niñas, niños y adolescentes”, advirtió.
Según estas
organizaciones, este proyecto impondría “que la validez de dichas declaraciones
dependa del dictamen de peritos para lo que no se observan ni los tiempos, ni
las formas, ni los fines de un peritaje psicológico, que además parte de
presumir que todas las víctimas mienten y, prácticamente, elimina la
competencia de los jueces y juezas para valorar la integralidad de las
pruebas”.
Por su parte, la
coordinadora nacional de la Alianza Libres sin Violencia, Mónica Bayá, señaló
que las declaraciones “desatinadas” del presidente de la Cámara de Senadores,
Andrónico Rodríguez, y la presentación de dicha propuesta normativa haya
desencadenado ataques a la Ley 348, bajo “argumentos descontextualizados y
generalizaciones que no se basan en evidencia”.
“El problema no radica en
la ley en sí misma, ni mucho menos en que sea una ley ‘antihombres’, sino que
es por un sistema de justicia, donde existe corrupción, abuso de la detención
preventiva, defensas deficientes y abogados que utilizan el sistema penal como
medio de extorsión, indistintamente del delito que se trate”, dijo Bayá.
Asimismo, remarcaron que
hay aspectos de la ley que deben mejorarse, pero eso debe realizarse tras una
“evaluación seria” a su implementación y con base en evidencias.
“La Ley 348 es el
principal instrumento normativo de protección específica a la vida e integridad
de las niñas, adolescentes y mujeres (…). No todos los hombres son agresores y
eso lo sabemos, no se nace violento, ello es consecuencia de factores
socioculturales, la violencia se aprende y, peor aún, se normaliza”, enfatizó. //
Fuente: ABI