El decreto 5143 reglamentario de la Ley de 15 de noviembre de 1887 tiene el objetivo de acabar con las “mafias en Derechos Reales”, trasparentar y modernizar su servicio y garantizar la propiedad privada, como establece la Constitución Política del Estado, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.

De esta forma salió a responder a los seguidores del expresidente Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) que unieron voces para cuestionar el contenido de la norma y llamar a movilizaciones sociales, como parte de una campaña de desinformación para “generar miedo e incertidumbre”.

“Esta norma lo que pretende es desbaratar las mafias y organizaciones criminales que han dado lugar a registros falsos, que han coadyuvado a la existencia de avasallamientos y a otras irregularidades que el pueblo boliviano sufre a diario”, afirmó en conferencia de prensa y de inicio descartó que Derechos Reales pase al Órgano Ejecutivo o que el presidente Luis Arce nombre a “un magistrado” en esa instancia.

Como establece la Ley de 1887, el artículo cuarto del decreto 5143 prevé que el Registro de Derechos Reales se queda a cargo del Consejo de la Magistratura, del Órgano Judicial, que, a su vez, deberá designar al director de la entidad.

Lima negó que el contenido del decreto pretenda afectar el derecho propietario de los bolivianos, como sugirió Morales en una narrativa equivocada y en línea con la oposición política.

De todas maneras, recordó que el artículo 57 de la Constitución “señala expresamente que en Bolivia la propiedad inmueble urbana no está sujeta a ningún tipo de reversión”.

“Vergüenza que autoridades que han aprobado esta Constitución y que le han pedido al pueblo boliviano el voto por esta Constitución, la desconozcan y mientan al pueblo boliviano, un decreto supremo no pueda dejar sin efecto dos artículos de la Constitución”, aclaró.

En ese contexto, defendió el decreto porque permitirá tener un sistema moderno, simplificará trámites, posibilitará los trámites en línea y bancarizará el pago de los trámites en Derechos Reales, lo que no sucede en la actualidad e impide una fiscalización de las recaudaciones.

Para Lima, con mentiras se “pretende generar miedo, generar incertidumbre y politizar”.

“Hay una persona que quiere en este momento convulsionar al país. Nadie lo está siguiendo, 77% del país no quiere que esa persona siga generando dolor y luto entre el pueblo boliviano. Acá lo que están buscando es una causa para que el pueblo boliviano salga a generar actos de protesta y no lo vamos a permitir, porque es una mentira lo que se está pretendiendo hacer utilizando este decreto supremo”, afirmó en alusión a Morales.

Lima afirmó que se “mantendrá la norma en el sentido de que solamente busca trasparencia, proteger el derecho de la familia boliviana y que no se utilice mal los recursos”.

Instó, además, a la Asamblea a actualizar la Ley de Derechos Reales de 1887 y no solo cuestionar lo que se hace desde el Ejecutivo. // Fuente: ABI