A seis días de cumplirse el plazo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) concluya la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, la Justicia definirá este martes si continúa o no este proceso paralizado desde el 16 de abril por orden judicial.

Si bien el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, dijo que la audiencia estaba prevista para este lunes, recién se llevará a cabo este martes a las 09:00 horas, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui.

“Mañana (martes) se está realizando otra audiencia que ha sido señalada para las nueve con relación a una acción popular que se ha presentado en el departamento de Pando”, explicó en conferencia de prensa.

La acción popular fue presentada a mediados de abril en Cobija, Pando, por Yeny Dury Bautista. Luego de admitir la solicitud, el 18 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia dispuso como medida cautelar la “paralización del cronograma” de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

En el recurso se denuncia la vulneración de los derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, porque entre las candidatas de Pando no existen habilitadas candidatas de este sector de la población, como dispone la Ley 1549 de elecciones judiciales, al Tribunal Constitucional.

Jauregui detalló que la petición de la abogada alega que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las postulantes del resto de los departamentos.

Como ejemplo, refirió que la Facultad de Derecho de la universidad pandina opera desde hace 20 años, en cambio en otras regiones ya tiene más de 100 años, por lo que no se le puede exigir a una ciudadana pandina que cuente con los mismos años de formación y experiencia profesional como se estableció para aspirantes de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz o Cochabamba.

De acuerdo con el diputado, el reclamo de la jurista apunta “a elementos que tiene” la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 por lo que una determinación judicial a su favor podría obligar a modificarla.

“Si es que el día de mañana, en la acción popular existe una determinación que concede la tutela a la accionante, en realidad vamos, necesariamente, a analizar la necesidad de reestructurar la Ley 1549”, explicó.

Además de esta acción popular, hasta la fecha fueron presentados 12 amparos constitucionales, de los cuales un 90% son reclamos individuales de aspirantes inhabilitados, por lo que su resolución llevaría a que las comisiones reconsideren sus casos.

Eso sucederá con la inhabilitada aspirante al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano, quien logró que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le conceda tutela y ordene a la Comisión Mixta de Justicia Plural reconsiderar su caso y argumentar su decisión de marginarla del proceso.

Fue el amparo de Medrado que paralizó el proceso de preselección desde el 16 de abril, cuando se debía ingresar a la etapa de pruebas orales de los más de 400 aspirantes, paso previo a la sesión de la Asamblea Legislativa donde se deben aprobar las listas de candidatos preseleccionados a las elecciones judiciales.

Según el cronograma de la convocatoria, entre el 27 de abril y el 4 de mayo, la Asamblea Legislativa debía estar sesionando para aprobar o rechazar los informes de las comisiones mixtas compuestos por los listados de los postulantes habilitados, para así, hasta el 6 de mayo, remitirlos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que organice las elecciones judiciales.

En criterio de Jauregui es necesario hacer un ajuste a todo el cronograma. “Indudablemente previo a la conclusión del plazo de 80 días que nos da la Ley 1549 tenemos que dar una respuesta con referencia a la ampliación de plazos y a la adecuación de las labores que debe desarrollar al interior de las comisiones mixtas”, indicó. // Fuente: ABI/RC