Edwin
U. Y., exsupervisor de la planta de litio en Uyuni e implicado en la denuncia
de presuntas irregularidades en la construcción de las piscinas de las plantas
de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), fue enviado este miércoles a la cárcel
de San Pedro, en La Paz, con detención preventiva.
La
justicia halló presuntos indicios en su contra cuando cumplía funciones en la
planta de la estatal, por lo que determinó que guarde detención preventiva
durante tres meses.
Con
Edwin U. Y., suman dos los encarcelados en el marco de la investigación de la
denuncia presentada por YLB. El
exfuncionario Jorge F. M., también fue enviado hace unos días con detención
preventiva al penal de San Pedro.
Antes,
fue aprehendido el exministro de Minería y exgerente nacional de recursos
evaporíticos, Luis Alberto Echazú, quien fue beneficiado con detención
domiciliaria.
Similar
suerte corrió Paul Q. B., y Cristian A.A., exfuncionarios. La Policía confirmó
que aún restan por ejecutar seis órdenes de aprehensión.
Extinguen caso YLB
Entre
los investigados del caso estaba el exgerente Juan Carlos Montenegro, quien fue
hallado muerto hace unos días.
Al
respecto, la abogada Audalia Zurita informó que, mediante una resolución
judicial, la investigación en contra del exgerente fue extinguida.
“Una
resolución fue emitida por el juez Sexto penal Anticorrupción y de Violencia
hacia la Mujer que dispone el cierre del caso o extinción de la acción respecto
del ingeniero Juan Carlos Montenegro y además la orden para que se archive la
investigación”, explicó.
El 18
de abril, YLB presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la
construcción de 18 piscinas industriales del Complejo Industrial de Uyuni que
ocasionaron un daño económico al Estado por 425 millones de bolivianos.
La estatal
YLB presentó la denuncia debido a que 18 piscinas de evaporación destinadas a
proveer materia prima a la planta industrial de carbonato de litio están
inoperables a causa de los materiales usados y un mal manejo, según una
auditoría. Aunque cinco ya fueron recuperadas.
La
investigación estableció un daño económico al Estado superior a los Bs 425
millones. // Fuente: La Razón