El ministro
de Justicia, Iván Lima, lamentó la desinformación que se generó en torno al
Decreto Supremo 5143 sobre la modernización de Derecho Reales (DDRR) y remarcó
que solo se buscaba simplificar los trámites para luchar contra la extorsión y
la corrupción.
“El Decreto 5143 fue
aprobado porque debemos garantizar que el pueblo boliviano tenga seguridad
jurídica (…). Buscábamos la transparencia, buscábamos que no exista la
extorsión”, dijo Lima en conferencia de prensa acompañado del presidente Luis
Arce y del Pacto de Unidad.
Aseveró que, luego de 14
años de vigencia de la Ley 025, era necesario regular y modernizar el sistema
para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica con la creación de un
registro único.
De esa manera se
protegería la propiedad pública y privada de “quienes crean inseguridad,
corrupción y avasallamiento, esas organizaciones criminales que se apropian de
terrenos ajenos, públicos y avasallan la propiedad lograda con esfuerzo y
trabajo honesto”.
Reveló que, actualmente,
existen 38 sistemas informáticos que no le dan seguridad al pueblo boliviano y,
por ello, con el decreto supremo ahora abrogado, se buscaba la implementación
de un sistema único.
“Es necesario el
fortalecimiento y la seguridad del sistema informático de Derechos Reales, por
eso la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y
Comunicación) iba a contribuir al Consejo de la Magistratura a tener un sistema
sólido”, señaló.
La Constitución Política
del Estado garantiza la propiedad privada, en su artículo 56 y 57 “no permite
ninguna la posibilidad de que ningún Decreto Supremo afecte a la propiedad de
ningún ciudadano, de ninguna familia boliviana”, remarcó Lima.
“Se ha buscado pleno
respeto de la Constitución Política del Estado y la Constitución señala, en el
artículo 298, que el sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con
el registro técnico municipal deben garantizar la propiedad a los bolivianos”,
añadió.
Enfatizó en que la
propiedad privada y pública debe ser segura, no deben existir loteamientos, ni
avasallamientos.
“No puede haber
estelionato, ni apropiación de la propiedad pública, ni privada por los
loteadores, por los corruptos y los malos funcionarios”, enfatizó. // Fuente:
ABI