Tras el inicio del juicio oral por el caso
Gases lacrimógenos de Ecuador, el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz
declaró la rebeldía de los exministros de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Luis
Fernando López y Roxana Lizárraga y otros dos acusados. Además, determinó que
se les asigne abogados de oficio para asistir a las audiencias.
“Se ha instalado y lógicamente se ha suspendido
para el 28 de mayo, en vista de que no se han hecho presentes cinco
coimputados, entre ellos, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el de
Defensa, Fernando López, y de Comunicaciones, (Roxana Lizárraga). Son cinco que
han nombrado rebeldes. Ha ordenado la admisión de la orden de aprehensión y les
han nombrado abogados de oficio”, dijo Oswaldo Rojas, defensa de uno de los
acusados.
El jurista señaló que el juicio oral continúa y
éste debe tener su procedimiento, en razón que en el inicio del juicio oral se
presentará “algunas” excepciones, incidentes o una mención de las acusaciones.
La Fiscalía Departamental de La Paz informó
sobre el inicio del juicio oral e indicó que el Ministerio Público presentará
todas las pruebas colectadas en etapa de investigación. Señaló que se pedirá la
pena máxima de 30 años de cárcel para las tres exautoridades y otras siete personas
por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.
Según los antecedentes de la investigación, el
caso Gases Lacrimógenos de Ecuador se refiere al 15 de noviembre de 2019,
periodo en el que se llevó adelante una reunión entre los exministros de
Gobierno, Defensa y Comunicación con el excomandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades
que determinaron solicitar los préstamos de materiales antidisturbios para
enfrentar la crisis social en el país.
Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a
Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre de
2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación. Ese hecho
desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. El saldo fue de
10 civiles muertos y al menos 78 heridos.
De acuerdo con las declaraciones testificales,
la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de
la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes
antidisturbios con la República del Ecuador.
El fiscal Bladimir Bolívar informó que durante
la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes
químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión
Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia.
Además, dijo que está la solicitud de
devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace
presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes
químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como
préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de 2019.
“Los exministros de Gobierno y Defensa
coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar
personal de ambas instituciones, que habrían sido trasladados desde Palacio de
Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de
El Alto, para viajar a la República de Ecuador, recoger los agentes químicos y
traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías”, señala
una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado. // Fuente: La Razón / RC