El artículo
57 de la Constitución Política del Estado (CPE), promulgada en 2009, establece
que la “propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión”, pero
legisladores “evistas” y de la oposición excluyen este mandato constitucional e
insisten en su análisis del alcance del decreto 5143 que se pondrá en cuestión
la propiedad privada.
El ministro
de Justicia, Iván Lima, lamentó el martes que quienes en 2009 pidieron el voto
a la población para aprobar la nueva Constitución, que garantiza la propiedad
privada, ahora la “desconozcan” y “le mientan al pueblo boliviano”, haciendo
creer que “un decreto supremo pueda dejar sin efecto dos artículos de la
Constitución”.
De hecho,
el diputado “evista” Héctor Arce dijo que el decreto “es una amenaza y un
peligro inminente a la propiedad privada”, porque “tiene características
fraudulentas, extorsivas y de persecución que, en el futuro, probablemente, va
a corretear el Estado para despojar de sus bienes a algunas familias y, con
seguridad, para expropiar y hacer llorar”.
Por ello,
el seguidor de Morales, quien busca por las “buenas o malas” volver a postular
a la presidencia en 2025, llamó a la población “a que tomen conciencia” y que
“desde la próxima semana debían movilizarse para obligar al gobierno de Lucho
(Luis) Arce a abrogar este decreto supremo”.
La diputada
del MAS-IPSP Deysi Choque desmintió las versiones de Arce y aclaró que “en
ningún parte del decreto se dice que si tiene dos o tres casa te vamos a
quitar”.
Por el
contrario, acusó al legislador “evista” de mentir a la población para ganar
apoyo porque sus argumentos para movilizar a la gente no tienen éxito.
En sintonía
con Arce, la senadora Simona Quispe, también seguidora de Morales, dijo que con
el “decretazo ya lo están pasando nuestros derechos privados, que es nuestras
casitas en áreas rurales y urbanos, al Gobierno, va a estar administrando,
mediante la Agetic, que pertenece a la Ministra de la Presidencia (sic)”.
Sin
embargo, el Decreto Supremo 5143, que reglamenta la Ley de 15 de noviembre de
1887, como lo hizo el Decreto Supremo 27957 del 24 de diciembre de 2004,
durante el gobierno de Carlos Mesa, establece que el Consejo de la
Magistratura, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnología de la Información y Comunicación (Agetic), implementará el Sistema
Único del Registro de Derechos Reales.
El artículo
17 del decreto establece que el “Sistema Único de Derechos Reales está bajo
administración de la Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos
Reales, como sistema informático que centraliza e integra en una base de datos
única todos los registros públicos de derechos reales a nivel nacional y
contempla información que permite identificar de forma única a las
propiedades”.
La diputada
Choque destacó que el decreto no solo permitirá modernizar Derechos Reales y
bancarizar los pagos para anular actos de corrupción, sino también un proceso
de institucionalización de los cargos en la entidad que está y continuará bajo
tuición del Consejo de la Magistratura.
En efecto,
la disposición transitoria segunda del decreto establece que “el Consejo de la
Magistratura en un plazo de ciento ochenta (180) días calendario iniciará el
proceso de institucionalización de cargos en el Registro de Derechos Reales en
todos sus niveles, debiendo llevar adelante dicho proceso mediante
convocatorias públicas. Al efecto, deberá emitir la normativa necesaria y un
Plan de institucionalización aprobado por Acuerdo del Consejo de la
Magistratura”. // Fuente: ABI