El
decreto 5143 reglamentario de la Ley de 15 de noviembre de 1887 tiene el
objetivo de acabar con las “mafias en Derechos Reales”, trasparentar y modernizar
su servicio y garantizar la propiedad privada, como establece la Constitución
Política del Estado, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.
De
esta forma salió a responder a los seguidores del expresidente Evo Morales y de
las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) que unieron voces para
cuestionar el contenido de la norma y llamar a movilizaciones sociales, como
parte de una campaña de desinformación para “generar miedo e incertidumbre”.
“Esta
norma lo que pretende es desbaratar las mafias y organizaciones criminales que
han dado lugar a registros falsos, que han coadyuvado a la existencia de
avasallamientos y a otras irregularidades que el pueblo boliviano sufre a
diario”, afirmó en conferencia de prensa y de inicio descartó que Derechos
Reales pase al Órgano Ejecutivo o que el presidente Luis Arce nombre a “un
magistrado” en esa instancia.
Como
establece la Ley de 1887, el artículo cuarto del decreto 5143 prevé que el
Registro de Derechos Reales se queda a cargo del Consejo de la Magistratura,
del Órgano Judicial, que, a su vez, deberá designar al director de la entidad.
Lima
negó que el contenido del decreto pretenda afectar el derecho propietario de
los bolivianos, como sugirió Morales en una narrativa equivocada y en línea con
la oposición política.
De
todas maneras, recordó que el artículo 57 de la Constitución “señala
expresamente que en Bolivia la propiedad inmueble urbana no está sujeta a
ningún tipo de reversión”.
“Vergüenza
que autoridades que han aprobado esta Constitución y que le han pedido al
pueblo boliviano el voto por esta Constitución, la desconozcan y mientan al
pueblo boliviano, un decreto supremo no pueda dejar sin efecto dos artículos de
la Constitución”, aclaró.
En ese
contexto, defendió el decreto porque permitirá tener un sistema moderno,
simplificará trámites, posibilitará los trámites en línea y bancarizará el pago
de los trámites en Derechos Reales, lo que no sucede en la actualidad e impide
una fiscalización de las recaudaciones.
Para
Lima, con mentiras se “pretende generar miedo, generar incertidumbre y
politizar”.
“Hay
una persona que quiere en este momento convulsionar al país. Nadie lo está
siguiendo, 77% del país no quiere que esa persona siga generando dolor y luto
entre el pueblo boliviano. Acá lo que están buscando es una causa para que el
pueblo boliviano salga a generar actos de protesta y no lo vamos a permitir,
porque es una mentira lo que se está pretendiendo hacer utilizando este decreto
supremo”, afirmó en alusión a Morales.
Lima
afirmó que se “mantendrá la norma en el sentido de que solamente busca
trasparencia, proteger el derecho de la familia boliviana y que no se utilice
mal los recursos”.
Instó,
además, a la Asamblea a actualizar la Ley de Derechos Reales de 1887 y no solo
cuestionar lo que se hace desde el Ejecutivo. // Fuente: ABI