Las
comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural declararon un cuarto
intermedio y suspendieron los plazos en la preselección de candidatos a las
judiciales hasta tanto se conozca el fallo sobre dos recursos presentados por
dos candidatos inhabilitados.
“Declaramos
cuarto intermedio hasta nuevo aviso”, informó el presidente de la Comisión
Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas, al final de una prolongada
sesión donde se conoció la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional
Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en favor de la
candidata inhabilitada Margarita Medrano Mayta.
La
medida cautelar paralizó el proceso de preselección en el Legislativo, que se
encuentra en la fase de exámenes orales. La audiencia de Medrano Mayta, para
resolver el amparo presentado por vulneración de sus derechos, está fijada para
el lunes 22 de abril.
Si
bien en la sesión Rejas dijo que no lo habían notificado y que el trabajo de la
Comisión debía continuar, el presidente de la Comisión de Constitución de
Diputados, Juan José Jauregui, informó que tanto Rejas como el presidente de la
Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, fueron notificados vía
WhatsApp, “que es válido en este tipo de procesos”.
Rejas
declaró el cuarto intermedio hasta nuevo aviso, no obstante, explicó que se
continuará trabajando internamente en la definición del cronograma y la
metodología de evaluación de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y
al Tribunal Constitucional, que se aplicaría una vez se resuelve el amparo
constitucional, el próximo lunes.
En la
sesión, la senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos informó que los
plazos del proceso de preselección fueron suspendidos, y se reactivarán una vez
se defina el fallo de la justicia.
También
se conoció de otro recurso presentado por el candidato inhabilitado Herculiano
Capusiri Casana. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de
Justicia de La Paz, integrada por los vocales René Delgado Ecos y Alexis Angles
Mercado ordenó paralizar el proceso hasta tanto se pronuncie sobre la demanda,
según reveló la red DTV.
También
se determinó que las 1.500 preguntas presentadas por las universidades,
colegios de abogados y las escuelas de jueces para las pruebas orales sean
custodiadas en un salón del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa. Una notaría
de fe pública realizó el registro de la caja con las preguntas y respuestas. //
Fuente: ABI