El Gobierno
de Perú prorrogó la vigencia de la inmovilización social obligatoria en el
departamento de Puno por 10 días calendario a partir de este miércoles 25 de
enero, por lo cual todas las personas deberán permanecer en su domicilio desde
las 20:00 hasta las 04:00 horas del día siguiente, al tiempo que mandó tropas a
la región.
La medida
es complementaria al estado de emergencia impuesto el 15 de enero debido la
escalada en la conflictividad social en Puno, que también incluyó las regiones
de Lima, Callao y Cusco.
Este
anuncio se produce cuando este martes se desarrolló una de las jornadas más
violentas en el centro histórico de Lima, horas después de que la presidenta
designadas, Dina Boluarte, pidiera una tregua nacional a los manifestantes,
para entablar un diálogo.
Los fuertes
enfrentamientos han sido una constante en medio de las marchas
antigubernamentales en este país suramericano, manifestaciones con las que se
pide la dimisión de Boluarte, la celebración inmediata de elecciones y la
disolución del Congreso.
Mientras
Boluarte respondía a la prensa extranjera y advertía que Puno no era el Perú
(de lo cual se disculpó luego), cientos de militares se trasladaban en marcha
de campaña hacia la ciudad de Puno por los cerros del distrito de Laraqueri.
Los
uniformados que se trasladaban en unidades militares y autobuses particulares
provenían de diversos batallones de los cuarteles de Tacna y Moquegua.
Por otra
parte, la Fiscalía de Perú abrió una investigación contra el ministro del
Interior, Vicente Romero, por la presunta comisión de un delito de actos
funcionales por el operativo policial organizado en el campus de la Universidad
de San Marcos (UNMSM), en Lima, el pasado sábado.
"La
Fiscal de la Nación abre investigación preliminar contra Vicente Romero,
ministro del Interior, como presunto autor del delito de omisión de actos
funcionales, en agravio del Estado, debido a los hechos ocurridos en las
instalaciones de la UNMSM el 21 de enero".
Ante este
clima de represión en Perú, un grupo de 46 abogados presentará una denuncia en
la Corte Internacional de la Haya contra la presidenta Boluarte, por más de 60
muertes registradas en las protestas que demandan su renuncia, sobre todo en el
sur del país.// Telesur