El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el Ministerio Público investiga dos hechos registrados en Derechos Reales y en el Juzgado Público Civil y Comercial N.º 12, relacionados con el presunto consumo de bebidas alcohólicas dentro de ambientes institucionales.

Sin embargo, en ambos casos se inició un proceso penal por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, puesto que los implicados habrían ingerido bebidas alcohólicas dentro de oficinas del Estado.

“Los informes institucionales establecen que en los dos hechos se colectó evidencia material asegurada conforme a protocolo, incluyendo bebidas alcohólicas encontradas en ambientes públicos. Asimismo, las pruebas de alcoholemia practicadas a los involucrados confirmaron la presencia de alcohol durante el ejercicio de funciones, vulnerando normas administrativas y legales que rigen el desempeño de la función pública”, señaló Morales.

En el primer caso, personal de la División Anticorrupción halló recipientes de bebidas alcohólicas en la oficina de la subregistradora de Derechos Reales, Nayda D. A. R., de 39 años, quien dio positivo a la prueba de alcoholemia, con 0,50 mg/l. La evidencia fue secuestrada y trasladada al Ministerio Público y el juez dispuso medidas cautelares de presentación semanal, arraigo, fianza económica y prohibición de contacto con testigos.

En el segundo caso, en el Juzgado Público Civil y Comercial N.º 12, personal de Control y Fiscalización sorprendió a seis personas con el consumo de bebidas alcohólicas; cuatro fueron trasladadas al Ministerio Público, entre ellas la secretaria Iveth Z. Z. A., de 28 años, con resultado positivo a la prueba de alcoholemia con 0,32 mg/l, y tres pasantes, quienes también dieron positivos.

La secretaria fue imputada y se encuentra con medidas personales, presentación y fianza económica y se investigará para dar con la identidad de los demás partícipes. Por otro lado, los pasantes fueron puestos a disposición del juez al no ser funcionarios públicos.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de investigar con firmeza cualquier conducta irregular cometida dentro de oficinas públicas y ambientes judiciales. También recalcó que estos hechos afectan la función pública y la confianza ciudadana. Por esta razón, se coordina con el Consejo de la Magistratura para la aplicación de las medidas administrativas correspondientes y para fortalecer los mecanismos de control interno, se informó. // Fuente: AEP / DC