Ante los avances del denominado caso Consorcio, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este miércoles que se realizará una auditoría a todos los procesos judiciales en los que participaron jueces, vocales y exautoridades ahora bajo investigación por presuntos actos irregulares.

“Nosotros no vamos a meter a nadie a la cárcel porque no es nuestra labor, pero sí vamos a ordenar las auditorías a los procesos donde estén involucrados todos estos funcionarios y exfuncionarios. Estamos hablando de los vocales y de los jueces que han tenido que ver dentro de este escandaloso caso de corrupción”, afirmó Baptista en contacto con los medios.

En ese contexto, remarcó que acusó formalmente al juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, por el delito de prevaricato, tras emitir una resolución presuntamente irregular para beneficiar a un magistrado suplente. Lea Plaza se encuentra suspendido, enfrenta un proceso disciplinario interno y también un proceso penal abierto por el Ministerio Público.

Baptista explicó que fue una declaración ampliatoria del juez Lea Plaza la que derivó en la ampliación de la investigación a otras autoridades, por delitos como consorcio y uso indebido de influencias. Sin embargo, negó categóricamente cualquier participación del Consejo de la Magistratura en los hechos denunciados.

Asimismo, confirmó que los exvocales Claudia Castro, Yván Córdova (expresidente del TDJ de La Paz) e Iván Campero (magistrado suplente) presentaron sus renuncias, que fueron aceptadas y actualmente ya no ejercen funciones dentro del Órgano Judicial.

Datos

Entre los casos que se podrían auditar están los de la exvocal Claudia Castro, conocida por anular procesos contra exministros de Evo Morales y ahora está vinculada a un presunto consorcio.

En diciembre de 2020, en menos de 1 mes, Castro emitió fallos a favor de Evo Morales, Juan Ramón Quintana y Nemesia Achacollo. En uno de estos fallos levantó la orden de aprehensión contra Quintana, asilado en la Embajada de México en La Paz desde el año 2019, por presuntos errores procesales, argumentando que hubo vulneración al debido proceso en la orden emitida por la Fiscalía.

En ese entonces, cesó la detención domiciliaria de Achacollo, acusada por el desfalco millonario del Fondo Indígena, justificando su decisión por el tiempo transcurrido sin una acusación formal del Ministerio Público. // Fuente: ABI