La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos informó que el exministro Arturo Murillo dejó de estar en custodia de esta agencia judicial desde el 20 de junio de este año.
Thomas Becker, abogado estadounidense y activista de
los derechos humanos, aseveró que el gobierno de Bolivia debe estar alerta para
garantizar la extradición de Murillo, ante su posible liberación, en razón a la
coyuntura actual respecto a las deportaciones ordenadas por Donald Trump.
Murillo fue condenado el 4 de enero de 2023 a 70 meses
de cárcel en el centro de detención federal de Miami por la compra de gases
lacrimógenos con sobreprecio. Se estima que su salida, programada para este
sábado, pueda deberse a una reducción de condena por buen comportamiento.
El fiscal Omar Mejillones informó el viernes que
Murillo tiene ocho procesos abiertos ante la justicia boliviana.
Indicó además que, de los ocho procesos, dos ya
cuentan con sentencia, dos llegaron a la etapa de juicio oral, otros dos se
encuentran en etapa preliminar y los otros dos en la etapa preparatoria.
Murillo fue sentenciado dentro el caso gases Ecuador y
gases Lacrimógenos. Por el primero recibió una sentencia de cinco años y por el
otro tiene una condena de ocho años.
También la exautoridad enfrenta cargos por los delitos
de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias,
incumplimiento de deberes, robo agravado, entre otros.
Además, se conoce que Murillo está enjuiciado dentro
el caso Masacres de Senkata y Sacaba, que investiga su presunta responsabilidad
en ambas represiones.
En octubre de 2022, el exministro se había declarado
culpable de las acusaciones en Estados Unidos y, a raíz de ese proceso, el
Estado de Bolivia inició otra causa, civil, contra Murillo, con el fin de
recuperar los fondos desviados.
El 9 de abril de 2024, el Undécimo Distrito Judicial
de Miami, Florida, emitió la sentencia. Dispuso que el exministro de Gobierno
debiera indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con
sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019. // Fuente: La Razón