La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aclaró que no es competencia del Ejecutivo intervenir en la labor; sí en los recursos.
La
viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó que el Gobierno nacional
tenga alguna vinculación con los amparos o recursos que frenan la preselección
de candidatos judiciales. Al contrario, aclaró que está en manos de la Asamblea
Legislativa reencauzar el proceso.
“Hay una
costumbre de tratar de responsabilizar de todo al Gobierno y al Ejecutivo
cuando no es una competencia nuestra, no tenemos vinculación con los procesos,
los amparos que se están realizando”, afirmó ayer Alcón.
Paralización
Hace más de
una semana que quedó paralizada la fase de evaluación oral a los postulantes a
autoridades judiciales en la Comisión Mixta de Constitución y Justicia Plural
del Legislativo.
El freno se
dio por una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional Tercera del
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por el amparo presentado por
Margarita Medrano; postulante inhabilitada para el Consejo de la Magistratura,
quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese
proceso.
A este
amparo se sumaron otros siete, lo que derivó en la paralización del cronograma
de preselección judicial en el Legislativo, cuyo plazo, según ley, es hasta el
6 de mayo, fecha en la que debe entregar la lista oficial de los aspirantes al
Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En tanto, el
vocal Tahuichi Tahuichi teme que los legisladores no puedan alcanzar el plazo y
perder competencia.
Competencia
Alcón
explicó que existe un proceso que se sigue en la Asamblea Legislativa y en
“ningún momento hubo intervención del Gobierno”.
“No somos
parte de todo este proceso. Lo que sí esperamos es que se
pueda
reencauzar y dar cumplimiento a aquello que tanto se ha pedido y que lo hemos
dicho desde el año pasado, llevar adelante las elecciones judiciales y eso está
en manos de los diputados y senadores, porque es su competencia”, enfatizó la
autoridad.
Remarcó que
el compromiso del Gobierno está en garantizar los recursos económicos. //
Fuente: AHORA EL PUEBLO