Luego de que se conociera que un tribunal en Colcha K, en Potosí, ordenara la “suspensión inmediata” de los contratos de litio entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y dos empresas trasnacionales, el Gobierno lamentó el fallo y dijo que el principal perjudicado es el país.

“Lamentamos como Gobierno, porque retrasan el progreso tanto de Oruro como Potosí. Entonces, queda claro que el perjudicado es el país (…), quedará en la evaluación y en la responsabilidad de aquellos que están retrasando este tema (…); hacemos un retroceso con este fallo judicial”, señaló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa.

El martes, la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) informó que el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K emitió un fallo que ordena la suspensión de los contratos con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.

Ambas trasnacionales proyectaban invertir más de $us 2.000 millones en la industrialización del litio, a través de la implementación de plantas con tecnología de extracción directa de litio (EDL).

El Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa el contrato con Uranium One en septiembre del año pasado y el acuerdo con CBC en noviembre de 2024. Por ello, Montenegro considera que el Órgano Ejecutivo no tiene ninguna responsabilidad en el fallo contra los contratos.

“El Gobierno nacional ya descarga su responsabilidad al haber mandado los contratos y al haber hecho lo que tenía que hacer: gestionar la normativa para que la Asamblea lo apruebe”, advirtió Montenegro.

En su criterio, existe una “corresponsabilidad en la Asamblea”, debido a que los diputados y senadores “no le han tomado la importancia debida” y no realizaron los procesos necesarios para lograr la aprobación de los contratos que hubieran permitido al país ingresar al mercado mundial del litio.

Ambos contratos se encontraban en la Cámara de Diputados a la espera de ser tratados, mientras comisiones de YLB y del Ministerio de Hidrocarburos socializaba los alcances de los acuerdos. “Vemos ahí una postura política cuando no se ve la necesidad ni la importancia de que las regiones puedan desarrollar a partir de estos recursos tan importantes, como el litio, su progreso”, protestó Montenegro.

Cuando se conocieron los contratos, varios sectores sociales y actores políticos de la oposición denunciaron que se trataba de acuerdos entreguistas, desfavorables para el Estado, dañinos para el medioambiente y que fueron aprobados de manera irregular.

Inclusive, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), de la mano de Comité Multisectorial, realizó una serie de movilizaciones pidiendo que se anulen los contratos con las trasnacionales.

// Fuente: La Razón