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Procurador pide al TCP emitir fallo sobre delito de terrorismo para acabar con el juicio por el caso Golpe I

  • 2025-07-31

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, exhortó públicamente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a pronunciarse y emitir un fallo que permita la reinstalación del juicio por el denominado caso “Golpe de Estado I” o hechos de violencia que derivaron en la ruptura democrática.

Según Condori, solo falta una audiencia para que se dicte sentencia contra los acusados por los hechos de 2019, entre ellos el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico Marco Pumari, ambos con detención preventa en la cárcel de Chonchocoro y de Potosí, respectivamente.

“Exhortamos al Tribunal, ya han cumplido los plazos procesales. Hemos solicitado a esta entidad constitucional que de una vez se pronuncie sobre esta situación”, afirmó Condori.

El juicio fue paralizado hasta que el control constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el delito de terrorismo, uno de los delitos por los que se abrió el caso Golpe I.

“Al estar en sus manos debe pronunciarse sobre esta situación y no considerar, porque en su oportunidad habíamos señalado que las recomendaciones que nos dan los organismos internacionales no es anular, como habían hecho pensar, sino es, de alguna manera, avanzar en este tipo de delitos y, obviamente, el avanzar implica que este delito no puede ser sacado del ordenamiento jurídico”, precisó en conferencia de prensa.

El juicio por el caso “Golpe de Estado I” se encuentra en su fase final. La Procuraduría advirtió que se ha paralizado justo antes de la audiencia en la que debía emitirse la sentencia.

“Eso implica que de una buena vez debemos dar finalizado este proceso porque estamos a una audiencia de dictarse sentencia”, insistió Condori.

Camacho y Pumari son procesados por su participación en los hechos ocurridos en 2019. Ambos enfrentan cargos por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa, y uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros.

El proceso judicial hace referencia a los hechos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019. // Fuente: ABI