El juicio oral en contra de seis líderes de la paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por la violencia que ejercieron en la crisis de 2019 fue suspendido este martes hasta el 20 de noviembre. Entre una de las causales para la suspensión está que uno de los acusados no contaba con abogado de defensa.

La audiencia fue instalada en el Juzgado de Sentencia No. 12 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y contó con un fuerte resguardo policial para evitar incidentes.

Delitos de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y portar armas, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros, pesan en contra de los seis líderes de la RJK que actuó con violencia en la crisis de octubre y noviembre de 2019.

Este grupo paraestatal estuvo liderado por Yassir Molina y tenía como segundos al mando a Mario Bascopé Revuelta, Favio Bascopé Revuelta, Milena Soto López, Jaime Maldonado Méndez, Luís Antonio Terán Cadima y a otros.

Circulaban en motocicletas y agredían a cualquier persona de origen indígena o vinculada al MAS en Cochabamba. En el lavadero de autos de propiedad de la familia Bascopé guardaban bazucas artesanales, escudos, explosivos y otros objetos contundentes utilizados para sembrar el miedo en las jornadas de octubre y noviembre de 2019.

Más de 400 testigos de cargo y descargo comparecerán en el juicio oral. Los representantes de la Fiscalía, del Ministerio de Gobierno y de las víctimas, como parte acusadora, estuvieron en el inicio del juicio oral, última etapa de este proceso penal.

La audiencia fue postergada hasta el 20 de noviembre, porque se declaró la rebeldía de Luis Terán Cadima y se dispuso la emisión del respectivo mandamiento de aprensión, mientras que Jaime Maldonado no contaba con abogado particular, y fue declarado el abandono de la acusación particular por parte de José Carrasco Pinaya, quien es una de las víctimas.

Molina y los hermanos Bascopé fueron sentenciados a seis años de cárcel en Sucre, por los destrozos y violencia que generaron en 2020 en predios de la Fiscalía General del Estado. // ABI