El presidente Rodrigo Paz Pereira, junto a su gabinete, aprobó el Decreto Supremo N.º 5517, declarando la “Emergencia Energética y Social” en todo el territorio nacional. 

La medida responde al contexto de alta inflación, escasez de dólares y limitada disponibilidad de combustibles, factores que afectan la economía y la vida cotidiana de los bolivianos.

Según el decreto, la medida tiene como objetivo “garantizar el abastecimiento continuo de energía y combustibles, reactivar la producción y devolver la calidad de vida a los bolivianos”. 

La norma busca generar certeza y estabilidad frente a la actual presión inflacionaria y los problemas logísticos en el suministro de hidrocarburos.

Entre las disposiciones del Decreto Supremo, se autoriza a “personas naturales o jurídicas privadas” a importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo a Precio de Importación y/o Pre-Terminal, con el fin de ampliar la disponibilidad de combustibles y asegurar su distribución oportuna en todo el país.

Asimismo, se “suspende temporalmente el diésel de la lista de sustancias controladas”, garantizando que este combustible esencial llegue de manera continua al transporte, la producción y los sectores estratégicos. 

La medida busca prevenir desabastecimientos que puedan afectar la economía y la movilidad de bienes y personas.

La emergencia energética y social tendrá una vigencia de un año, periodo durante el cual el Gobierno espera que estas acciones coadyuven a la recuperación económica, estabilicen los precios y generen confianza en la población, asegurando que los recursos energéticos estén disponibles para todos los bolivianos.