La Fiscalía General del Estado (FGE)
admitió la denuncia contra el gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico
Rómulo Calvo por los hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos
registrados en la ciudad durante el paro cívico que se inició el 22 de octubre
pasado.
“No han aceptado la denuncia y se la está
remitiendo a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz (…) este caso ha resultado
con bastante premura dado los acontecimientos en el Plan 3.000”, explicó la
representante del Comité Impulsor de Justicia en Chuquisaca, Verónica Huanca.
Según la activista, al liberar a los
aprehendidos en los hechos violentos del pasado viernes, solo logró que se
rearticulen para que vuelvan a atacar a la población cruceña, arremetiendo esta
vez contra los vecinos y gremialistas del Plan 3.000.
“Estamos viendo un enfrentamiento civil -
paramilitar como lo es la Unión Juvenil Cruceñista”, reprochó.
Señaló que los promotores del paro, Camacho
y Calvo, serán investigados por la presunta comisión de los delitos de
discriminación y racismo, organización criminal, atentado contra altas
autoridades del Estado, además de atribuirse los derechos del pueblo.
“Nosotros hemos visto que Santa Cruz se ha
vuelto tierra de nadie”, manifestó al señalar que la Policía fue rebasada y que
nadie pone freno a estos hechos de violencia que se registran desde que inició
el paro en Santa Cruz
La ciudad de Santa Cruz cumple este viernes
28 días de paro cívico y tuvo como consecuencias al menos cuatro fallecidos en
situaciones relacionadas al paro.
Además, grupos violentos radicales afines a
la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) promovieron actos de discriminación y racismo
que el viernes 11 de noviembre desencadenó la quema de la Federación Única de
Trabajadores Campesinos y la toma de otras instituciones.
La madrugada del jueves 17 de noviembre,
integrantes de la paraestatal atacaron una vigilia y saquearon al menos 20
negocios en el Plan 3000.
Ante esos extremos delictivo el Comité
Impulsor exige que la Fiscalía investigue y procese a los autores intelectuales
y materiales de los hechos violentos durante los días de paro. // ABI