Cuatro personas fueron formalmente imputadas por el delito de contrabando de exportación agravado, en el marco de una investigación liderada por el fiscal general Eduardo Villalba, en la provincia de Salta (Argentina).

La banda operaba en la frontera con Bolivia y logró sacar más de 30 toneladas de aceite de soja a través de un insólito sistema de mangueras que conectaban el territorio argentino con la ciudad boliviana de Pocitos.

El operativo, desplegado el pasado viernes en Salvador Mazza, expuso una estructura delictiva altamente organizada que operaba desde 2022. Según revelaron los fiscales, el grupo utilizaba una empresa fantasma para adquirir aceite en plantas de Santa Fe, que luego era trasladado en camiones cisterna hasta un inmueble conocido como “Don Ramón”.

Desde allí, la mercadería se reenvasaba en vehículos más pequeños y se dirigía a un punto fronterizo llamado “El Chorro”, donde comenzaba la maniobra clandestina: tendidos de mangueras que cruzaban ilegalmente la frontera.

Violento enfrentamiento con Gendarmería

Durante el procedimiento, dos de los involucrados fueron sorprendidos en plena actividad. Uno de ellos conducía un camión cargado con más de 30.000 litros de aceite neutro blanqueado, mientras el otro organizaba el paso hacia Bolivia. En paralelo, un tercer sospechoso fue detenido en su casa.

Pero el momento más crítico ocurrió cuando Gendarmería Nacional intentó allanar la vivienda de quien sería el cabecilla de la organización, identificado como F.S.G. Al ser notificado de la orden judicial, sacó una pistola 9 mm y disparó contra un comandante, hiriéndolo en el antebrazo izquierdo.

La bala atravesó el brazo del oficial y quedó alojada en su chaleco antibalas. El agresor fue reducido por el resto del personal.

Durante la audiencia de imputación ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la fiscal adjunta Mariana Gamba Cremaschi y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier detallaron la magnitud del esquema criminal. Se estima que la organización habría generado ganancias ilegales por más de 2.4 millones de dólares, evadiendo más de 720.000 dólares en derechos de exportación. A esto se suma la falta de ingreso de divisas al mercado cambiario, un impacto económico aún sin cuantificar.

Por la gravedad del caso y el riesgo de fuga, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para los cuatro imputados, lo cual fue concedido por el magistrado. Además, se autorizaron nuevas diligencias para avanzar con la desarticulación total de la red.

El operativo fue el resultado de un trabajo de inteligencia conjunto entre la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional y la delegación local de la Dirección General de Aduanas.

Una vez más, la frontera norte del país queda en el centro de la escena por el accionar de redes criminales que operan con sofisticación, violencia y un alto costo para el Estado argentino.

// Fuente: Eju