La comisión de Economía Plural,
Producción e Industria aprobó tres proyectos de Ley de créditos, dos de ellos
para la construcción del tramo I y II de la carretera Escoma – Charazani, en La
Paz, y el tercero, para la implementación del Programa de Expansión de
Infraestructura Eléctrica en las regiones de Oruro, Potosí y Santa Cruz.
Las tres propuestas serán consideradas este
viernes en el pleno de la Cámara de Diputados.
El primer contrato de financiamiento
fue suscrito entre el Estado boliviano y la Corporación Andina de Fomento
(CAF), el 11 de julio de 2022, por un monto de hasta $us 53.550 millones, para
la construcción del tramo I de la carretera Escoma-Charazani, que comprende
42,34 Km de longitud entre Escoma y Pacobamba.
El segundo préstamo por hasta $us 75
millones fue firmado el 14 de julio entre el Estado y el Banco de Exportación e
Importación de Corea (Eximbank), para la implementación del pavimento flexible
del tramo II de la carretera Escoma-Charazani, con una extensión de 42,6 Km
entre Pacobamba y Charazani.
El tercer convenio de financiamiento
suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alcanza el monto de
$us 78 millones, que se destinarán a la expansión de la infraestructura
eléctrica en tres regiones del país, para reducir el consumo de diésel.
En el departamento de Santa Cruz se
integrará el Sistema Aislado (SA) de San Ignacio de Velasco al Sistema Interconectado
Nacional (SIN) de Los Troncos, lo que permitirá reducir la generación de
electricidad por combustión de diésel y, por ende, la emisión de gases CO2.
Además, las ciudades de Oruro y Potosí
implementarán medidas de Eficiencia Energética (EE) al adecuar sus redes de
alumbrado público con luces led, ahorrando de esta forma tres millones de
dólares por año.
La diputada Deisy Choque (MAS-IPSP),
presidenta de la comisión donde se aprobaron las tres propuestas de ley,
resaltó la importancia de los créditos externos que fortalecerán la integración
social y económica del país, a través de la construcción de tramos carreteros;
además posibilitará al Estado, implementar medidas amigables con el medio
ambiente. // VI