La Fiscalía Departamental de Santa Cruz acusó formalmente al gobernador de esa región, Luis Fernando Camacho, por la presunta compra irregular de un carro bombero durante su gestión.

“Se ha presentado la acusación formal; se cumplirá con el procedimiento y ya será un Tribunal de Sentencia quien determine la pena a cumplirse, si así corresponde”, dijo el fiscal Roger Mariaca.

En ese caso, Camacho está acusado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El caso fue abierto a instancias del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, quien reveló que la Gobernación de Santa Cruz firmó un contrato para la compra de un carro bombero el 28 de enero de 2022 y que la entrega estaba prevista para el 27 de junio, aunque no se concretó.

Según la denuncia, presuntamente hubo una contratación irregular; La Gobernación compró el motorizado por invitación directa y no mediante licitación pública.

Luis Fernando Camacho

En este caso, el 25 de septiembre, el juez determinó la detención preventiva del exdirector de Seguridad Ciudadana. Esta persona está investigada por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El 29 de septiembre, la Justicia envió a la cárcel al representante legal de la empresa ABM con detención preventiva, acusado por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Tras la investigación, la Gobernación de Santa Cruz decidió disolver el contrato de adquisición por incumplimiento del plazo de entrega de la empresa contratada.

Al margen de los casos relacionados a los hechos de 2019, Camacho también está investigado por la aprobación de un decreto para dejar como gobernador a un secretario de su confianza, siendo que existe la figura del vicegobernador.

Actualmente, Camacho cumple detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la renuncia de Evo Morales en 2019. // Fuente: La Razón /RC