El Gobierno nacional y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) suscribieron un acuerdo que incluye la incorporación de un artículo a la Ley 1720, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas a propiedad mediana. 

El presidente Rodrigo Paz resaltó que el acuerdo es resultado de varios días de diálogo y voluntad de las partes, valorando las propuestas de la Cidob orientadas a sus naciones y al respeto de la composición social del país. El pacto establece cuatro puntos principales, entre ellos la elaboración conjunta de un nuevo artículo en la normativa agraria para proteger los derechos de los sectores que pudieran verse afectados.

El primer mandatario señaló que el acuerdo reafirma la unidad y el compromiso de construir un mejor país mediante soluciones compartidas, además de recuperar la institucionalidad en el tratamiento de conflictos históricos. En ese marco, se planteó un nuevo modelo de relacionamiento entre el Estado y las organizaciones sociales, basado en el diálogo permanente y la búsqueda de acuerdos conjuntos.El Gobierno nacional y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) suscribieron un acuerdo que incluye la incorporación de un artículo a la Ley 1720, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas a propiedad mediana. 

El presidente Rodrigo Paz resaltó que el acuerdo es resultado de varios días de diálogo y voluntad de las partes, valorando las propuestas de la Cidob orientadas a sus naciones y al respeto de la composición social del país. El pacto establece cuatro puntos principales, entre ellos la elaboración conjunta de un nuevo artículo en la normativa agraria para proteger los derechos de los sectores que pudieran verse afectados.

El primer mandatario señaló que el acuerdo reafirma la unidad y el compromiso de construir un mejor país mediante soluciones compartidas, además de recuperar la institucionalidad en el tratamiento de conflictos históricos. En ese marco, se planteó un nuevo modelo de relacionamiento entre el Estado y las organizaciones sociales, basado en el diálogo permanente y la búsqueda de acuerdos conjuntos.