El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, se trasladó a Asunción, Paraguay, junto a un equipo multidisciplinario de auditores y abogados, para realizar una inspección directa a las oficinas de la empresa Botrading.

De acuerdo con el reporte oficial, esta acción responde al objetivo de reestructurar la estatal boliviana, lo que implica la investigación de diferentes procesos de la mencionada entidad, relacionada a una red de corrupción con daños millonarios contra las arcas del Estado.

Desde la capital paraguaya, la autoridad confirmó que acudió personalmente como parte del compromiso de revisión de documentos, cuentas bancarias y registros administrativos de la compañía a la que se investiga por haber operado al margen de la normativa boliviana, con el objetivo de desviar recursos estatales. Esta empresa se vinculó al país en la gestión pasada.

“Por primera vez se conoce dónde operaba esta empresa y desde dónde se realizaban negociados que por tantos años perjudicaron al país. Estamos haciendo todo el relevamiento de información”, afirmó Akly.

De acuerdo con el titular de YPFB, Botrading fue constituida fuera de Bolivia para evadir los procedimientos de contratación establecidos por la estatal petrolera.

“La diferencia tiene que ver con la forma de pago. Compraban combustibles al contado, entregaban el producto y se pagaba el mismo día. En nuestros contratos habituales, los pagos tienen plazos de hasta 120 días, lo que genera un diferencial financiero importante”, explicó.

Según Akly, ese diferencial habría sido utilizado en beneficio de la empresa intermediaria, generando ganancias indebidas. Los montos del daño económico aún se cuantifican. La investigación tiene en la mira a más 30 personas, entre ellas exautoridades, directores y expresidentes de gestiones anteriores, quienes habrían utilizado a la empresa estatal como un “botín político”.

A su vez, informó que la estatal petrolera atraviesa un proceso de reestructuración que derivó en la desvinculación de más de 400 funcionarios acusados de filtrar información y participar de “sabotajes”.

“Durante años la empresa fue mal utilizada. Queremos gente técnica, proba y comprometida con la reconstrucción de YPFB”, sostuvo.

Según los informes iniciales, la deuda heredada de la gestión pasada es de $us 900 millones con los proveedores internacionales de hidrocarburos, situación que está siendo regularizada mediante gestiones diplomáticas y comerciales, lo que permitió recuperar la confianza de los suministradores. // ABI