Respecto a las declaraciones del presidente Rodrigo Paz sobre que la Gestora Pública "no tiene plata", el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que el 95% de los recursos que administra se encuentran “en papeles”, específicamente: el 71% está invertido en el sistema financiero, mientras que el porcentaje restante está en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN).

“El Presidente se refería a eso, porque tú lo que tenías era una inversión en un sector público que primero tenía un déficit sistemático, 12 años de déficit fiscal, insostenibilidad en el gasto y que básicamente recibía fondos de los aportes de los pensionistas a partir de un control político de esa Gestora”, señaló en conferencia de prensa.

Afirmó que, la actual administración inició un proceso para modificar el comportamiento y la estructura de inversión de la Gestora. El flujo mensual de los aportes ahora será direccionado a inversiones en el sector privado. No obstante, debido a que la Gestora hoy en día no tiene disponibilidad de divisas (dólares) para realizar inversiones en bolsas extranjeras, las inversiones iniciales se concentrarán solamente en el mercado interno.

“La Gestora hoy ya no tiene disponibilidad de divisas para poder llevar adelante, por ejemplo, inversiones en bolsas extranjeras y, por lo tanto, se le haría difícil poder llevar adelante este tipo de (operaciones), pero eventualmente lo ideal sería que los aportes de los trabajadores estén allá donde la rentabilidad sea mayor, no solamente en Bolivia, sino en cualquier parte del mundo. Así trabajan los buenos fondos de pensiones y hacia ese lugar estamos yendo”, dijo.

Sin embargo, Espinoza reafirmó que está "absolutamente asegurado el pago de las jubilaciones, rentas, pensiones y seguros" de todos los aportantes y jubilados a la Gestora, y que el proceso de ordenamiento y la reorientación hacia el sector privado busca, en última instancia, aumentar la disponibilidad de crédito y dinamizar la Bolsa Boliviana de Valores.

Respecto a litigios con los dos anteriores fondos de pensiones, dio cuenta de que podrían costar al país unos $us 171 millones y que estos juicios internacionales ya están generando costos legales al Estado que superan los $us 500.000 anuales, solo en gastos judiciales por la contratación de bufetes de abogados. // Fuente: AEP / DC