Fue la mano derecha de Añez. Ahora enfrenta dos sentencias y 15 procesos en su contra. La ministra Saravia dijo que “nadie está exento de la justicia”.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y otras autoridades, espera que Arturo Murillo, mano derecha del régimen de Jeanine Añez, no quede en la impunidad y que la justicia sancione los delitos que cometió mientras era ministro de Gobierno, y se resarza los daños a las víctimas de las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, en 2019.

“Nosotros esperamos que la justicia valore todos los antecedentes y pueda pronunciarse con la sanción que corresponde contra Murillo”, enfatizó la ministra de Justicia, Jessica Saravia, en el programa Desayuno Informado del portal Asuntos Centrales.

MANO DERECHA DE AÑEZ

A las cuatro de la madrugada arribó en un vuelo a Santa Cruz, deportado de Estados Unidos, el polémico exministro de Gobierno Arturo Murillo, considerado mano derecha del régimen de Añez. Posteriormente, pasado el mediodía y con fuerte resguardo policial, llegó al aeropuerto internacional de El Alto, desde donde fue trasladado a la Fuerza Anticrimen de La Paz. 

Murillo llegó sonriente, enmanillado y con un chaleco, en el que se lee “aprehendido”. Para la ministra Saravia, su postura demuestra una “soberbia”; sin embargo, espera que, en el marco del debido proceso, Murillo se someta a la justicia de manera responsable, porque “nadie está exento de cumplir al llamado de una autoridad competente y nadie puede tener un trato distinto”.

Contra la exautoridad pesan dos sentencias ejecutoriadas, además de 15 procesos, informó la Fiscalía General del Estado. También está involucrado en las masacres de Sacaba y Senkata.

Saravia expuso que existen todos los elementos para que Murillo sea sancionado y expresó la importancia de que la justicia actúe para resarcir a las víctimas de las masacres de 2019 y el daño económico y moral causado al país.

“Para nosotros es importante que todos los hechos se investiguen y que todos los delitos en los que hubiere incurrido Murillo, no queden en la impunidad”, remarcó. 

DELITOS Y MASACRE

En 2021, el exministro fue detenido en Estados Unidos, acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos por la compra irregular de material antidisturbios durante el gobierno de Añez.

En enero de 2023, fue condenado a 70 meses de prisión por una corte federal, pero fue liberado anticipadamente en junio de este año por buena conducta, antes de concretarse su deportación a Bolivia.

En el país, Murillo enfrenta al menos dos sentencias ejecutoriadas: una por el caso Gases Lacrimógenos, que involucra la compra con sobreprecio de material antidisturbios, con una pena de ocho años; y otra por el caso Gases Ecuador, relacionado con el ingreso irregular de armamento desde ese país, con sentencia de cinco años y cuatro meses.

En noviembre de 2019, Murillo, junto al exministro de Defensa, Fernando López, movilizó a las tropas policiales y militares para desmovilizar a los manifestantes que estaban contra Añez.

El exministro Jerjes Justiniano confirmó, en Panamericana, que Murillo tenía gran influencia en el gabinete de Añez, y negó que estuviera implicado en los delitos que pesan contra su excolega.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, exhortó a los “operadores de la justicia a que no intenten liberarlo, porque sobre él pesan muchas acusaciones”.

En tanto, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, aclaró que la deportación de Murillo no constituye un caso de exilio político.

“Murillo era prófugo de la justicia y otros tenían órdenes de aprehensión, y deben presentarse y defenderse”, indicó la autoridad.

Las organizaciones sociales exigen justicia por las muertes y heridos de las masacres de 2019. // Fuente: AHORA EL PUEBLO