El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló la urgencia de atender a los hijos de mujeres víctimas de f3min1cid10 y explicó que el reglamento de la Ley 1680 plantea medidas concretas como: un bono económico no menor al 20% del salario mínimo nacional, un paquete alimentario hasta los 5 años, además de acceso preferente a la educación y salud. 

Callisaya subrayó que el documento también prevé controles para garantizar que el apoyo económico se use correctamente, incluyendo el acompañamiento psicológico. En caso de que los menores no puedan ser acogidos por su familia ampliada, se recurrirá a familias sustitutas, o como última instancia a centros de acogida. En este último caso, el bono se acumulará en una cuenta de ahorro hasta que los beneficiarios alcancen la mayoría de edad.