La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que los bienes del exministro de Gobierno Arturo Murillo fueron anotados de manera preventiva, como parte de las acciones judiciales previas a un proceso de reparación de daños al Estado.

El procurador general, Ricardo Condori, explicó que esta medida busca preservar el patrimonio del exministro ante un eventual juicio civil por los delitos que se le atribuyen.

Arturo Murillo

“Están anotados sus bienes, todos los que se ha podido colegir en el tiempo de la investigación. Pero sin duda alguna cuando tengamos una sentencia condenatoria ejecutoriada, el próximo paso será presentar una demanda de reparación civil”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.

Condori señaló que la Procuraduría espera que la Justicia agilice los procesos pendientes para dar cumplimiento a las sentencias que ya se dictaron en algunos de los casos. “Nuestro objetivo es que el Estado recupere lo que perdió por hechos de corrupción”, añadió.

Procesos

Murillo, considerado el hombre fuerte del gobierno de Jeanine Añez, enfrenta una decena de procesos judiciales en Bolivia, entre ellos por corrupción, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz.

El exministro fue expulsado de Estados Unidos en 2024. Eso, tras cumplir una condena por lavado de dinero y soborno en el caso Gases Lacrimógenos, relacionado con la compra irregular de material antimotines durante su gestión.

El proceso que enfrenta en Bolivia busca determinar su responsabilidad en el uso irregular de fondos públicos y en la sobrevaloración de equipos de seguridad adquiridos en 2019.

Antecedentes

Según la Procuraduría, la anotación preventiva de bienes es un paso clave para evitar la transferencia o venta del patrimonio de Murillo mientras duren los procesos judiciales. Una vez se obtenga una sentencia ejecutoriada, la institución podrá impulsar la demanda de reparación civil para recuperar los recursos económicos del Estado.

El caso Murillo es considerado uno de los emblemas de la lucha contra la corrupción impulsada por el actual gobierno. La PGE anticipó que continuará con el seguimiento de las investigaciones hasta lograr que los responsables respondan ante la justicia. El objetivo es que resarzan el daño económico causado. // Fuente: La Razón