La tarde de este miércoles, el viceministro de Transparencia, Yamil García, informó sobre una serie de presuntas irregularidades detectadas en Boliviana de Aviación (BoA), tras la recepción y revisión de denuncias que motivaron el inicio de investigaciones con relevancia jurídica.

Según detalló la autoridad, hasta el martes el Viceministerio de Transparencia había recibido 11 nuevas denuncias contra la estatal aérea. A estas se sumaron otras cinco identificadas posteriormente, que habrían sido presentadas por el anterior gerente de la empresa, lo que derivó en una visita institucional para recabar información y exponerla públicamente.

García señaló que uno de los principales hallazgos está relacionado con una deficiente planificación en la anterior gestión de BoA, situación que actualmente genera un perjuicio directo a los usuarios. Explicó que dicha planificación fue advertida como crítica el 25 de septiembre del presente año al entonces gerente de la empresa.

“Se había planificado como si BoA tuviera en ese momento 13 naves y las disponibles eran 8”, afirmó el viceministro, remarcando que esta diferencia habría derivado en cancelaciones, retrasos y afectaciones a los pasajeros. En ese marco, aseguró que el perjuicio tiene responsables concretos que deberán responder ante la justicia.

Otro de los aspectos observados corresponde a la venta de una aeronave en diciembre de 2024 por un monto de 7,4 millones de dólares, pese a que existían denuncias públicas que señalaban un valor referencial considerablemente mayor. García cuestionó esta decisión al considerar que la empresa atravesaba una evidente carencia de aviones operativos.

“Uno vende algo cuando no va a necesitar. Uno vende algo cuando ese uso ya no es imprescindible”, expresó, al señalar que alguien deberá explicar cómo, faltando “entre cuatro y cinco aeronaves”, BoA procedió a la venta de un avión.

Asimismo, el informe da cuenta de un presunto daño económico significativo entre las gestiones 2023 y 2025, estimado en aproximadamente 2.531 millones de bolivianos, debido a decisiones del entonces directorio que autorizaron vuelos con muy baja ocupación. Como ejemplo, mencionó rutas como La Habana, donde aviones con capacidad para 168 pasajeros habrían transportado apenas 17 personas.

Finalmente, García afirmó que estas decisiones administrativas, gerenciales y ejecutivas deberán traducirse en acciones legales concretas. En ese sentido, anunció que estos hechos serán incorporados al trabajo de la Comisión para la Verdad, a fin de que los responsables comparezcan ante las instancias correspondientes, ya sea mediante denuncias ante el Ministerio Público o a través de auditorías especiales y de cumplimiento ante la Contraloría General del Estado. // Fuente: Correo del Sur