La Justicia Federal de Argentina imputó a cuatro personas por el delito de contrabando agravado tras desbaratar una organización que exportó ilegalmente aceite de soya hacia Bolivia. El hecho se descubrió en un operativo realizado en Salvador Mazza, localidad fronteriza de la provincia de Salta con Tarija.

Según la investigación encabezada por la Fiscalía de Distrito de Salta, dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba, “la banda utilizaba un sistema ilícito de mangueras conectadas entre camiones cisterna argentinos y bolivianos para evadir controles y realizar la transferencia ilegal de la mercadería”, reportaron medios argentinos.

La maniobra se efectuaba desde un inmueble conocido como “Don Ramón” hacia un predio fronterizo denominado “El Chorro”, donde se completaba el traspaso hacia territorio boliviano, específicamente hasta la ciudad de Pocitos.

Los contrabandistas conectaron mangueras que pasaban hacia Bolivia, donde se ensamblaban a otros camiones.

En total, se calcula que más de 30 toneladas de aceite de soja fueron contrabandeadas, utilizando documentación falsa emitida por una empresa fantasma radicada en Santa Fe, lo que implicó un perjuicio fiscal superior a los $us 720.000 solo por derechos de exportación no pagados, sin contar las pérdidas por la fuga de divisas del sistema financiero formal.

El operativo derivó en la detención de dos integrantes de la organización in fraganti, cuando estaban realizando la transferencia ilegal, y la captura de un tercero en su domicilio.

La situación más grave se registró durante el allanamiento del presunto jefe de la banda, identificado como F. S. G., quien disparó con una pistola calibre 9 mm contra un comandante de Gendarmería Nacional, que colaboró en el procedimiento.

El oficial resultó herido cuando el proyectil atravesó su brazo y quedó alojado en el chaleco antibalas. Gracias a la rápida intervención de sus compañeros, el agresor fue reducido sin más heridos.

Las cuatro personas fueron formalmente imputadas por contrabando de exportación agravado, por el número de participantes, mientras que el líder de la organización enfrenta además cargos por tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego y por tratarse de un funcionario público.

El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, determinó la prisión preventiva para los implicados mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer la totalidad de la red criminal. // Fuente: ABI