La Gestora Pública aseguró que los recursos administrados por la entidad están garantizados y no se verán afectados por la indemnización de 105 millones de dólares que el Estado boliviano deberá pagar a la empresa española BBVA, tras un fallo arbitral internacional.

La autoridad enfatizó que este monto no será cubierto con los fondos de los aportantes, por lo que el patrimonio previsional se mantiene resguardado y sin riesgo de afectación.

La declaración surge luego de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara la solicitud presentada por Bolivia para anular el laudo arbitral, que estableció responsabilidades por demoras y perjuicios en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

El conflicto se remonta a 2010, cuando el gobierno del entonces presidente Evo Morales nacionalizó la administración privada de pensiones, que hasta ese momento estaba en manos de empresas como Previsión BBVA AFP.

Desde la empresa española se argumentó que la transición hacia la administración estatal fue deficiente, con retrasos y medidas que afectaron su operación, lo que derivó en el proceso arbitral que hoy obliga al Estado a cumplir con el pago establecido.