Mientras se desarrollaba la segunda vuelta electoral, la Justicia determinó este domingo dejar provisionalmente sin efecto la orden de aprehensión emitida contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por un presunto delito de contrabando de exportación agravado.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de acción de libertad presentada por un representante “sin mandato” de Dorgathen en contra del fiscal de Yacuiba, Yeison Américo Plata, quien había firmado la orden de captura el pasado 8 de octubre.

Dorgathen

En la misma audiencia, el tribunal ordenó al fiscal “emitir una nueva resolución en el plazo de 24 horas, tomando en cuenta la documentación presentada sobre la salud del funcionario”, según consta en el fallo judicial.

El caso surge tras una investigación del Ministerio Público que vincula al titular de YPFB con la supuesta exportación irregular de gas natural hacia Brasil, sin autorización legal. De acuerdo con las acusaciones, esta operación generó una afectación económica al Estado de $us 14 millones.

En un primer momento, Dorgathen solicitó a la Fiscalía declarar en Santa Cruz, alegando problemas de salud, pero la Fiscalía Departamental de Tarija rechazó el pedido, argumentando falta de respaldo médico.

“Dentro del memorial no se ha presentado ningún justificativo ni respaldo”, explicó la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, al confirmar que se mantenía la orden de aprehensión mientras se resolvía la acción de libertad.

Sin embargo, el sábado se conoció que un juez de Santa Cruz admitió la acción de libertad y convocó a una audiencia para la consideración de dicho recurso, de manera virtual, desde las 8.00 de este domingo.

De esta manera, Dorgathen, quien era buscado por la Policía Boliviana, podrá circular libremente sin el riesgo de que se ejecute la orden de aprehensión en su contra.

Según YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Aduana Nacional, el presidente de la petrolera estatal no incurrió en ningún delito y actuó de acuerdo a la normativa legal vigente. // Fuente: La Razón