En la
Asamblea Legislativa Plurinacional se bloquea la reforma judicial con el
estancamiento en su aprobación de leyes como la modificación de tipos penales,
las manillas electrónicas y el Código Procesal Agroambiental, que forman parte
de informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Las iniciativas legales
hacen parte de las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre derechos humanos en Bolivia. “Este
informe pide que el Estado boliviano actúe, pero no el Órgano Ejecutivo, la
mayor parte de las recomendaciones e incumplimientos están en la Asamblea
Legislativa”, explicó en Bolivia Tv.
Por ejemplo, la
aprobación del Código Procesal Agroambiental se encuentra estancada en la
Asamblea Legislativa.
“Bolivia ha sido un país
innovador en el mundo, ni siquiera en la región, ha creado un Tribunal
Agroambiental, establecido en 2009, y en 15 años no cuenta con un Código
Procesal Agroambiental. La norma ha sido trabajada por el Órgano Ejecutivo,
junto al Tribunal Agroambiental, fue socializada y hace más de dos años está
esperando el tratamiento en la Asamblea”, reveló.
También está pendiente de
aprobación la ley de manillas electrónicas, una norma que contribuirá el
descongestionamiento del sistema penitenciario, donde la mayoría permanece con
detención preventiva, y apunta a proteger a las mujeres víctimas de violencia.
“Se trata de dar la
oportunidad a esa persona a defenderse en libertad y que continúe trabajando
para mantener a su familia, pero que tenga una manilla electrónica o una
tobillera que permita al Estado garantizar que esa persona violenta no se
acerque a la víctima, a sus familiares y no continúe cometiendo delitos”,
explicó.
Según datos oficiales, al
menos 1.000 privados de libertad están detención preventiva por incumplir el
pago de asistencia familiar.
“La Asamblea Legislativa
tiene sin aprobación leyes tan fundamentales, como el Código Procesal
Agroambiental, la ley de mejora del sistema de asistencia familiar y la
modificación de los tipos penales”, explicó.
También están trabados
los ajustes o cambios en el tipo penal de terrorismo, tortura y financiamiento
al terrorismo y otros delitos, otro tema que está en el informe de la CIDH.
“El año pasado, nosotros
remitimos el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones internacionales
del Estado, que incluía el tipo de legitimación de ganancias ilícitas, actualmente
está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en tratamiento
legislativo”, informó.
En reuniones periódicas
que tiene el Gobierno con la CIDH, los comisionados han pedido trabajar más con
la Asamblea Legislativa. “Hemos propiciado en su última visita (en 2023)
algunas de reuniones con asambleístas porque hay una preocupación regional, en
una asamblea que lejos de producir leyes, lo que hace es bloquear el
desarrollo, bloquear créditos y bloquear leyes que son del interés del pueblo boliviano”,
cuestionó.
En el informe
internacional también se recomienda mejorar la protección a niños y mujeres con
la aplicación de la imprescriptibilidad de los delitos. En este caso, el
Gobierno envió al Legislativo el proyecto para declarar la imprescriptibilidad
de los delitos sexuales cometidos contra menores, pero Diputados lo rechazó por
“motivos –denunció- meramente políticos”.
La norma volverá a ser
presentada al Legislativo, teniendo en cuenta su importancia. La iniciativa
legal surgió luego de revelarse violaciones del fallecido jesuita Alfonso
Pedrajas a estudiantes del colegio Juan XXIII de Cochabamba. La revelación hizo
se conocieran de otros casos, donde están involucrados religiosos.
Lima reiteró que en el
informe de la CIDH no se habla de perseguidos políticos, como pretenden hacer
ver algunos políticos.
“En Bolivia no hay presos
políticos ni perseguidos políticos”, aseguró y añadió: “Es una más de las
mentiras permanentemente tratan de tergiversar la información y construir una
posverdad”.
Por el contrario, la CIDH
recuerda al Estado su obligación de sancionar, investigar y llevar en un debido
proceso de enjuiciamiento a los responsables de las violaciones a los derechos
humanos, como los ocurridos en 2019. // Fuente: ABI