El programa “Parqueo para Todos” del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades legales y falta de aprobación del Concejo Municipal, advirtió este lunes la concejal Roxana Pérez Del Castillo.

El parqueo edil cuenta con más de 6.000 espacios tarifados en vías públicas, sin socialización ni estudios técnicos.

“El Ejecutivo no puede decidir entre cuatro paredes sobre lo que es de todos. Las concesiones de La Paz no deberían depender del criterio arbitrario del alcalde. Esto es ilegal y arbitrario”, afirmó la concejal y recordó que, según la Ley Municipal Autonómica 498, toda cesión o concesión de espacio público debe ser aprobada por el órgano legislativo.

El plan abarca 6.150 estacionamientos tarifados en cinco zonas de la ciudad, lo que implica un cambio radical en el uso del espacio público y afectaría la movilidad y economía local. En el Centro están 1.500 espacios, en Sopocachi 1.500, en Miraflores 1.300, en la Zona Sur 1.200 y en Obrajes 650.

Vecinos y cuidadores de autos denunciaron falta de información, y alertaron sobre el impacto económico del cobro estimado de Bs 5 por hora, así como la amenaza a los cuidadores que cuentan con patentes municipales.

El sector de cuidadores presentó un proyecto de ley para regularizar su actividad, buscando estabilidad laboral y formalización tributaria. La concejal hizo un llamado a las instancias judiciales y administrativas para que actúen con independencia y defiendan los derechos ciudadanos.

Además, exigió al Ejecutivo Municipal transparencia total sobre las concesiones: empresas involucradas, tipo de contrato y beneficios reales para la población paceña. Se otorgó un plazo de 72 horas para revertir la privatización de las calles y suspender las concesiones.

“Pedimos que el alcalde (Iván Arias) piense en La Paz, respete los derechos y deje de rifar los espacios comunes de la ciudad”, manifestó.

En paralelo, se preparan acciones legales, que incluyen un proceso penal por incumplimiento de deberes, una acción de cumplimiento para reivindicar el rol deliberativo del Concejo, auditorías al proceso y una acción de amparo constitucional en defensa de los derechos colectivos.

“La población se respeta. Vamos a defender el marco legislativo. Las y los concejales debemos recordar al alcalde que la ley se cumple, que la ciudad no se privatiza en silencio, y que los derechos de la gente están por encima de cualquier negocio”, enfatizó la concejal Pérez Del Castillo. // Fuente: ABI