El Comando de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) informaron, mediante un comunicado, que se instruyó una investigación exhaustiva por el “ingreso de cargas contaminadas con sustancias controladas” al país a través del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en días pasados.

“Se instruyó la apertura de una investigación exhaustiva orientada a establecer la trazabilidad completa de los envíos, su origen internacional, las cadenas logísticas involucradas y la eventual responsabilidad de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”, se lee en el documento.

En el comunicado se aclaró que TAB es una empresa pública dedicada exclusivamente al transporte aéreo de carga, cuya actuación se rige estrictamente por la normativa aeronáutica, aduanera y comercial vigente.

La responsabilidad sobre la veracidad de la declaración, el contenido, la legalidad y la naturaleza de la mercancía corresponde de manera directa y exclusiva a los remitentes, consignatarios, operadores logísticos y agentes involucrados en cada operación.

“TAB no ejerce funciones de inspección material ni de certificación del contenido declarado por terceros, más allá del cumplimiento de las obligaciones formales y documentales establecidas por ley”, señaló la estatal.

Asimismo, el Comando de la FAB y TAB afirmaron que mantienen una política institucional de tolerancia cero frente al narcotráfico y cualquier otra actividad ilícita.

“No existe ni existirá encubrimiento, permisividad o relativización alguna respecto a hechos que vulneren el ordenamiento jurídico nacional o comprometan la seguridad del Estado”, se puntualizó.

Remarcaron que la eventual detección de irregularidades en territorio boliviano constituye evidencia de que los mecanismos de control, fiscalización e interdicción del Estado se encuentran activos y operando conforme a sus competencias legales.

Los sistemas de supervisión y coordinación interinstitucional permitieron activar los procedimientos correspondientes, reafirmando la capacidad del Estado para identificar y procesar cualquier intento de utilización indebida de infraestructuras estratégicas.

“De confirmarse la existencia de conductas ilícitas, se impulsarán sin dilación las acciones legales y administrativas correspondientes, conforme al marco normativo vigente, garantizando el debido proceso y la cooperación con las instancias competentes”, se enfatizó. // Fuente: ABI