El Gobierno nacional puso bajo investigación el Museo de Orinoca, conocido como el “museo de Evo”, por presuntas irregularidades en su contratación y dudas sobre la viabilidad del proyecto.

La obra, ejecutada durante la gestión de Evo Morales, demandó una inversión cercana a los 49 millones de bolivianos, entre infraestructura y equipamiento, recursos que ahora están siendo evaluados en términos de impacto y retorno para la población.

Indagan justificación y modalidad de contratación

El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que la investigación se centra en dos ejes: la justificación del proyecto en su fase de preinversión y las razones por las que se optó por una contratación directa en lugar de una convocatoria pública.

Según la autoridad, se busca establecer si la inversión generó beneficios concretos o si representó un gasto sin retorno económico, además de identificar posibles responsabilidades entre quienes aprobaron, diseñaron y ejecutaron el proyecto.

El caso se enmarca en la eliminación de 161 decretos que permitían contrataciones directas, medida impulsada a través del Decreto Supremo 5600, que abrió la puerta a una revisión amplia de proyectos estatales.

En ese contexto, el Gobierno anunció que se evaluarán otras contrataciones bajo el mismo esquema en distintas entidades públicas, con el objetivo de determinar su legalidad, transparencia y posible daño económico al Estado.