El Gobierno aprobó este lunes el Decreto Supremo 5600, que elimina más de 161 decretos vigentes que autorizaban la contratación directa en el Estado, un mecanismo que, según autoridades, permitió durante años irregularidades en el uso de recursos públicos. La norma fue presentada por el presidente Rodrigo Paz, junto a los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Economía, José Gabriel Espinoza, en un acto realizado en La Paz.

Según el mandatario, la contratación directa se convirtió en algunos casos en una “corrupción directa”, ya que permitía adjudicar contratos millonarios sin controles. “El requisito para que te den un contrato millonario sin control era ser amigo, pariente o del ministro”, denunció Paz durante la presentación.

El ministro José Luis Lupo explicó que la norma cierra un mecanismo que durante años permitió adjudicaciones sin licitación, sin competencia y sin control efectivo. “Fueron 161 decretos por más de 96 millones de dólares (...) que podían ser utilizados en cualquier momento para dar adjudicaciones sin licitación a quien se le ocurriera a la autoridad de turno”, señaló.

El Decreto Supremo 5600 abroga y deroga todas las disposiciones que autorizaban este tipo de contrataciones como excepción del sistema regular. Con ello, todas las compras públicas deberán realizarse mediante procesos competitivos y transparentes, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Durante casi dos décadas, el esquema de contratación directa permitió que instituciones públicas seleccionaran a un único proveedor, sin comparación de ofertas ni garantía de precio justo. Originalmente concebido como excepcional, terminó utilizándose de manera recurrente, debilitando principios de transparencia, eficiencia y competencia en el uso de recursos estatales. 

En el acto, el Gobierno presentó un video con obras ejecutadas en los dos periodos del Gobierno del MAS, entre ellas el hospital gastroenterológico de La Paz y el Museo de Orinoca. “El nuevo decreto busca revertir esta práctica estructural y restablecer reglas claras: más competencia, mejores precios y mayor control ciudadano sobre el gasto estatal”, indica un boletín institucional.

La norma instruye además a todos los ministerios a realizar un relevamiento exhaustivo de las contrataciones directas anteriores, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o hechos de corrupción. // BTV