El Gobierno nacional coincide con la calificadora Standard & Poor’s (S&P) en que la polarización política y el bloqueo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a la aprobación de créditos son factores determinantes en la rebaja de la calificación de riesgo de Bolivia, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

“S&P redujo la calificación soberana del país desde ‘CCC+’ a ‘CCC-‘ con perspectiva negativa, argumentando que el estancamiento político y un Legislativo opositor limitan la capacidad del Gobierno para asegurar financiamiento externo y mantener la estabilidad económica”, indica un reporte de esa cartera de Estado.

S&P Global Ratings incluyó en su análisis los argumentos del Gobierno boliviano para explicar la situación económica del país. En su informe consideró aspectos como “las intensas divisiones políticas antes de las elecciones nacionales de mediados de agosto, que han limitado la capacidad del Gobierno para acceder a financiación externa y abordar los desequilibrios económicos”.

El informe de S&P destaca que las tensiones políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluyendo el boicot y el bloqueo a la gestión económica del presidente Luis Arce, son las principales causas de la baja en la calificación.

Pese al asedio político, al freno en la ALP para la aprobación de créditos, bloqueo de caminos por parte del “evismo”, incertidumbre geopolítica, altas tasas de interés en el mercado internacional, fenómenos climáticos, entre otras, el Gobierno nacional continúa realizando todos los esfuerzos para cumplir con el pago del servicio de la deuda externa.

Al 30 de abril de 2025, Bolivia cumplió con el 38% del total de la deuda pública externa programada para la gestión, equivalente a $us 585 millones.

Sin embargo, el retraso y bloqueo por parte de la ALP en la aprobación de préstamos externos, principalmente, destinados a inversión pública, ocasionó la salida neta de capitales por un total de $us 1.337 millones hasta abril de 2025.

No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizó acciones conducentes a precautelar la sostenibilidad de la deuda con acciones de manejo de deuda relacionadas con tasas de interés y conversiones de moneda, así como la operación de manejo de pasivos de bonos soberanos realizada en 2022, lo que permitió generar ahorros para el Estado y mejorar la composición de la cartera de deuda.

Asimismo, se mantuvo la activa gestión de nuevos financiamientos con organismos multilaterales y bilaterales.

“El Gobierno reitera que mantiene un diálogo activo con organismos multilaterales y continúa implementando políticas económicas responsables que fortalecen la estabilidad y el bienestar de la población”, afirmó el MEFP. // Fuente: ABI