Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó una denuncia por un presunto desfalco superior a Bs 1.000 millones en su filial YPFB Refinación, tras detectar la entrega de anticipos sin garantías en contratos para la provisión de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel en Santa Cruz.

El presidente de la estatal, Yussef Akly Flores, afirmó que la empresa fue utilizada como un “puente financiero” dentro de un esquema irregular que habría beneficiado al entorno de la familia del expresidente Luis Arce, y que actualmente deja al menos 14 personas bajo investigación.

Según la denuncia, los contratos observados fueron estructurados para movilizar grandes cantidades de recursos económicos sin cumplir con la normativa interna de la empresa. Estos acuerdos estaban destinados a garantizar el suministro de aceite vegetal para la producción de biodiésel; sin embargo, no se habrían ejecutado conforme a lo establecido, generando un daño económico significativo para la estatal.

Una auditoría interna identificó varias irregularidades clave en el proceso. Entre ellas, la modificación de reglamentos de garantías antes de la firma y ejecución de los contratos, lo que permitió la entrega de millonarios anticipos sin respaldo suficiente. Esta situación habría facilitado la salida de recursos sin los controles necesarios dentro de la empresa.

En detalle, el primer contrato fue adjudicado en abril de 2024 y contempló anticipos por más de Bs 400 millones. Posteriormente, se suscribió un segundo contrato por cerca de Bs 600 millones, también sin garantías. A pesar de estos desembolsos, la empresa proveedora solo habría cumplido con el 17,3% del volumen total comprometido en ambos acuerdos. 

Frente a estos hechos, la actual administración de YPFB activó acciones legales para recuperar los recursos y establecer responsabilidades. El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y se perfila como uno de los mayores escándalos económicos recientes vinculados a la estatal, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el alcance del presunto esquema irregular. // BTV