El daño directo total en empresas públicas, sumando aquellas cerradas, en quiebra técnica y proyectos inviables, asciende a $us 1.463 millones.

El Gobierno denunció ayer un “saqueo institucional” ocurrido entre 2006 y 2024, que generó un daño económico directo de $us 2.595 millones al Estado, a través de la creación de empresas públicas inviables y plantas industriales fallidas.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, presentó el informe denominado Saqueo institucional: el costo de la corrupción en las empresas públicas. Del monto total perdido, $us 1.463 millones corresponden a empresas estatales y $us 1.132 millones, a nuevas factorías del “proceso de industrialización”.

DATOS

Según el reporte, entre 2006 y 2024 se crearon 67 empresas públicas, en las cuales se invirtieron $us 7.750 millones de las reservas internacionales. De ese monto, solo se recuperó el 18% en 19 años, dejando $us 6.000 millones como recursos que probablemente no podrán ser rescatados.

“El 28 por ciento de los desembolsos de estos créditos fueron a crear 14 empresas inviables. Se volvieron un instrumento de corrupción. Cuatro de estas empresas ya están cerradas y cinco están en quiebra técnica”, indicó Lupo.

EMPRESAS CERRADAS

El capital perdido en empresas cerradas asciende a $us 122 millones, incluyendo casos como Ecobol (Empresa de Correos de Bolivia), Construcciones del Ejército, Empresa Nacional de Textiles (Enatex) y Boliviana de Turismo (Boltur).

Además existen “empresas zombies” que operan en quiebra técnica con patrimonios negativos, en las que se invirtieron $us 1.294 millones y se necesitarían Bs 697 millones (aproximadamente $us 100 millones) solo para cumplir con sus obligaciones y cerrarlas.

PROYECTOS EN CURSO

A esto se suma el gasto en proyectos en curso que también son inviables, por un monto de $us 91,5 millones. Entre las empresas están la Industria Boliviana Química (IBQ), la Industria Farmacéutica Boliviana (Lifab), la Industria de la Química Boliviana de la Hoja de Coca (Kokabol) y la Industria Boliviana de Aceites Ecológicos (IBAE). “Obviamente, acá tenemos que parar el desangre de esto que le ha costado tanto dinero al país”, dijo la autoridad.

El daño directo total en empresas públicas, sumando aquellas cerradas, en quiebra técnica y proyectos inviables, asciende a $us 1.463 millones.

NUEVAS PLANTAS

La situación se agrava con las “plantas planificadas” bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Se planificaron 174 plantas con una inversión total de $us 3.164 millones. De estas, solo 40 fueron entregadas, 134 están en construcción, y únicamente 19 están en funcionamiento. Según el detalle, un total de 60 plantas son inviables y representan un valor de $us 1.132 millones.

Estas plantas abarcan diversos sectores como biocombustibles, construcción y fabricación, fertilizantes y agroinsumos, industria farmacéutica, litio, minería, química básica y alimentos, incluyendo proyectos como plantas de papa frita, soya, quinua, arroz y cereales. “Gran parte de estas actividades que el sector privado las puede realizar y que el Estado creó una historia para poder saquear el país”, agregó Lupo.

FACTURA

El costo total de la corrupción en estas empresas públicas y plantas industriales suma los $us 2.595 millones mencionados.

Este monto, según el Gobierno, podría haberse convertido en 30 hospitales de cuarto nivel, entre 4.000 y 5.000 kilómetros de carreteras productivas, entre 700 y 900 megaunidades educativas nuevas, o la exploración de 30 pozos de gas.

ACCIONES

El Gobierno anunció que tomará medidas inmediatas, incluyendo el “cierre del grifo de gastos”, la auditoría “de cada centavo gastado”, una reingeniería fiscal, la reestructuración de empresas públicas y una investigación rigurosa para determinar responsabilidades. Se identificará a quienes autorizaron las inversiones sin factibilidad y se garantizará un proceso transparente.

“Obviamente, hay que hacer una auditoría absolutamente responsable y seria para poder iniciar una investigación rigurosa y determinar quién autorizó estas inversiones sin ninguna factibilidad, desde el día en que nacieron, y garantizar, por supuesto, un proceso completamente transparente. No podemos seguir financiando la ineficiencia con el ahorro de los bolivianos”, refirió Lupo.

Según el informe, muchas de estas empresas nacieron inviables, representaron un fracaso técnico y se constituyeron en un “instrumento de saqueo”. La injerencia política en las decisiones y puestos clave, así como la dependencia crónica del Estado, convirtió a estas empresas en un “barril sin fondo”, incapaces de autofinanciarse, generando un círculo vicioso de desfalco.

El Gobierno enfatizó en que esta situación no es solo un problema técnico o financiero, sino un desafío institucional, político y moral que requiere la aplicación de la ley, auditoría, reordenamiento y el fin de la impunidad. // Fuente: AEP / DC