Dos Gobiernos lo intentaron antes sin éxito: eliminar el subsidio al diésel. Le costaba al Estado cerca de 1.100 millones de dólares cada año. Hasta ahora. El presidente Daniel Noboa ha decidido eliminarlo de forma sorpresiva. El diésel ha pasado de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón. Lo hizo sin convocar mesas de diálogo, ni advertir a los sectores más dependientes del diésel. La decisión fue anunciada el viernes en la noche en medio del silencio y ha encendido la molestia entre transportistas, agricultores y pequeños productores, que temen una cadena de aumentos que golpee directamente al costo de vida.

Organizaciones sociales y gremiales habían convocado a un paro nacional para este lunes, pero el Gobierno logró desactivarlo horas antes de iniciarse, accediendo a sentarse a una mesa de diálogo para explicar que la decisión está acompañada de compensaciones económicas temporales para mitigar el impacto, aunque dejando claro que no retrocederá. “Las decisiones respecto de la política en este país son del Gobierno del presidente Noboa”, advirtió la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo. “No hay negociaciones. Lo que hay son conversaciones”, zanjó.

Aunque la protesta no paralizó el país, sí dejó señales de descontento. Una decena de vías permanecen cerradas en al menos siete provincias en las que los manifestantes se han mantenido firmes por segundo día consecutivo. El Gobierno ha decidido decretar el estado de excepción por “grave conmoción interna” en esas zonas en un intento de impedir que la protesta escale.

En Carchi, la provincia fronteriza con Colombia, transportistas de carga pesada atravesaron camiones en la vía principal, colocaron piedras y montaron barricadas con llantas gigantes para interrumpir el paso. En la entrada sur de Quito, a la altura de Alóag, ocurrió lo mismo.

Los motivos para la protesta se acumulan: además de la subida de precio, la detención de siete conductores que protestaban desde la madrugada, y la creciente inseguridad que azota a los transportistas. El transporte de carga en el país lleva meses bajo ataque por las mafias que asaltan con violencia los camiones, secuestran a sus conductores y les obligan a pagar extorsiones para circular por las carreteras. El Gobierno está al tanto y ha recibido los reclamos del gremio, pero sin ofrecer respuestas concretas.

En Ecuador, el combustible no es solo un bien económico. Es también un símbolo político. Y tocarlo sin consenso previo puede tener consecuencias difíciles de contener. Lo vivió Lenín Moreno en 2019, cuando una revuelta encabezada por el movimiento indígena lo obligó a retroceder. Lo intentó Guillermo Lasso tres años después, y el resultado fue semanas de enfrentamientos, heridos, muertos y una fractura política de la que nunca logró recuperarse.

Por ahora, las protestas son focos dispersos. Pero podrían ser la chispa de algo mayor. El Gobierno apuesta a desactivarlas con bonos compensatorios que empezó a entregar desde este lunes. La ayuda es temporal y selectiva. Mientras tanto, Noboa intenta cumplir con las exigencias del FMI y cerrar una brecha fiscal crónica, pero lo hace con una medida que, como ya advirtieron sus antecesores, suele ser explosiva. // Fuente: El País /rc