Inca denunció que la anulación de los procesos de Senkata y Sacaba contraviene las recomendaciones del GIEI, que instan a no promover la impunidad.

David Inca, representante de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, denunció que la justicia mantiene en espera durante cuatro años el informe del GIEI, que ordena investigar y sancionar “de oficio” los hechos de 2019, mientras que, en contraste, acelera “de oficio” los procesos contra los acusados de promover la violencia, concediéndoles libertad en tiempo récord.

“Aquí, en el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), dice: ‘de oficio el Estado tiene que iniciar las investigaciones’ y no se ha cumplido”, afirmó Inca.

Criticó las audiencias promovidas para anular los procesos contra Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, militares y policías, por la Circular 18 emitida el 22 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia. La instrucción obligó a los tribunales departamentales a verificar de inmediato el cumplimiento de la detención preventiva de los acusados.

“La circular dice ‘de oficio’ liberen en 24 horas. Para ese tipo de determinaciones, la justicia funciona en un día, pero cuando hay un informe internacional, que dice ‘de oficio’, esperamos cuatro años y después se anulan estos procesos”, afirmó.

Como ejemplo mencionó a los heridos del 11 de noviembre en El Alto, con impactos de bala de policías. “No podemos culpar al gobierno de Evo Morales, que renunció el 10, ni al de Añez, que asumió el 12. El 11 queda vacío. ¿Quién es responsable? La Policía, Comando Nacional, Departamental y Regional. Para ese día no existe investigación y ese hecho quedó impune. Los autores permanecen libres”, cuestionó.

Inca denunció que la anulación de los procesos de Senkata y Sacaba contraviene las recomendaciones del GIEI, que instan a no promover la impunidad. “El informe dice ‘no a la impunidad’ y la justicia boliviana retrotrae los casos, desconociendo los derechos de las víctimas. No es casualidad que la CIDH y el Alto Comisionado se pronuncien de manera unísona”, afirmó.

Inca indicó que, ante la falta de respuesta interna, las víctimas recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de la ONU para presentar el caso ante la Corte Interamericana de Justicia. “Bolivia ha firmado pactos y convenios internacionales de derechos humanos y existe el principio ‘pacta sunt servanda’. Estas recomendaciones son vinculantes y el Estado debe cumplirlas”, remarcó. // Fuente: AHORA EL PUEBLO