La Defensoría del Pueblo saluda la presencia mayoritaria de mujeres (52,41%) en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que ejercerá funciones a partir de noviembre, y urgió a ese ente a sancionar la ley para garantizar binomios paritarios en futuros procesos electorales.

En un comunicado, la Defensoría destacó que por “primera vez en la historia democrática del país, de los 166 asambleístas electos, 87 son mujeres (52,41 %) y 79 hombres (47,59 %), logrando una representación histórica que reafirma el compromiso con el principio de paridad”.

A nivel de la Cámara de Diputados, 66 de los 130 curules serán ocupados por mujeres; en el Senado, de las 36 senadurías, 21 corresponden a mujeres.

Este hecho fue definido como un hito y “un avance relevante hacia el cumplimiento del mandato constitucional de paridad y alternancia, así como de las obligaciones internacionales que el Estado boliviano ha contraído al ratificar instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos de las mujeres, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.

La Defensoría del Pueblo reafirmó que la paridad de género no es una meta simbólica ni un logro coyuntural, sino una obligación jurídica derivada del principio de igualdad sustantiva consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE), que establece el derecho a la participación política en condiciones de igualdad, la promoción de oportunidades equitativas entre mujeres y hombres y la garantía de paridad y alternancia en las listas electorales.

En ese entendido, exhortó a la nueva ALP a ser posesionada, a consolidar estos avances mediante la pronta modificación del artículo 11 de la Ley 026 del Régimen Electoral, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0040/2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional, incorporando de manera expresa el principio de paridad en las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales.

Asimismo, recordó que la Recomendación General 40 del Comité de la CEDAW, establece las obligaciones reforzadas de los Estados Parte para garantizar la participación equitativa, significativa y transformadora de las mujeres en la vida política y pública; por lo que, todos los Órganos del Estado deben diseñar e implementar de manera articulada una Hoja de Ruta hacia la paridad total, con enfoque interseccional, que contemple medidas legislativas, programáticas, presupuestarias dirigidas a consolidar la presencia, liderazgo y toma de decisiones de las mujeres en todos los niveles del aparato estatal.

“La institución defensorial reitera que la paridad de género no puede reducirse a la dimensión numérica, sino que debe traducirse en condiciones materiales para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos de las mujeres, libres de violencia política, estereotipos de género y obstáculos institucionales. La participación política real y sustantiva implica garantizar no solo el acceso a los cargos, sino también la capacidad de incidir en las decisiones que configuran el rumbo del país”, subrayó la Defensoría. // Fuente: ABI